El pasado 24 de agosto, los abogados del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset presentaron un escrito en la Corte del Distrito Este de Virginia para solicitar la anulación de algunas pruebas de su proceso judicial en Estados Unidos.
Para realizar dicho requerimiento, los defensores del narcotraficante alegaron que su cliente dio las contraseñas de sus dispositivos electrónicos bajo presión de los agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés).
En el escrito, los abogados aseguraron que los agentes de la DEA, antes de informar a Marset de sus derechos, le mostraron una tabla de directrices federales y le dijeron que, si “proporcionaba las contraseñas de sus teléfonos, le reducirían ‘cuatro puntos’ de la tabla” (es decir el tiempo de prisión), indica una publicación del periódico uruguayo El Observador.
Del mismo modo también se habría procedido para obtener la contraseña de la computadora del narcotraficante, según el escrito presentado por los abogados Sandi S. Rhee, Robert Feitel y Joseph King.
La información obtenida de los dispositivos del uruguayo sirvió después para los interrogatorios y ahora su defensa pide la anulación del “contenido de los teléfonos celulares, la tableta, la computadora” y otros elementos como pruebas del proceso.
Contacto de la DEA con Marset
De acuerdo con el mismo escrito de los abogados, un agente de la DEA empezó a tener contactos con el narcotraficante casi un año antes de su captura en Bolivia.
Detallan que el agente escribió el 27 de marzo de 2025 a Marset vía WhatsApp y que en esa ocasión le advirtió que tenía una investigación penal pendiente en los Estados Unidos, pero que ese país le estaba brindando la oportunidad de resolver sus problemas “por la seguridad de sus hijos y sus seres queridos a su alrededor”.
Entonces –de acuerdo con el mismo documento– Marset habría respondido que “nunca había enviado un gramo de cocaína a los Estados Unidos y que el agente debería emplear su tiempo investigando a otras personas”.
Luego el agente supuestamente finalizó las comunicaciones aconsejando al narcotraticante que lo contactara si cambiaba de opinión.
El Deber