El Decreto Supremo (DS) 5676 podría ser modificado, pero no abrogado, según las últimas declaraciones del Gobierno, aunque la interrogante sobre su eventual eliminación sigue abierta ante las crecientes amenazas de movilizaciones en distintas regiones del país.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, confirmó este domingo que un equipo técnico trabaja en posibles ajustes a la norma, que fija en 18 bolivianos el precio del litro de diésel para grandes consumidores. “Un equipo está trabajando para ver las condiciones (en las) que se puede mejorar el decreto. En el tema de la reglamentación, seguramente se puede hacer, como ya lo hemos dicho con anticipación”, dijo la autoridad, tras suscribir un acuerdo con productores de la provincia Marbán (Beni) que permitió levantar el bloqueo en Puente San Pablo, sostenido durante cuatro días sobre la carretera Santa Cruz-Beni.
El pasado jueves, el presidente Rodrigo Paz, descartó dejar sin efecto la norma. “El Decreto (5676) se puede mejorar, pero no se puede retroceder, porque si no nos estaríamos engañando. Yo retrocedo en este decreto, les voy a quitar plata a ustedes”, dijo Paz en un encuentro con los alcaldes del país. Ese mismo día, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció que el decreto forma parte de los condicionamientos del FMI para el préstamo que negocia Bolivia.
Sin embargo, la presión social no cede. Para esta semana, están previstas movilizaciones en San Julián y Cochabamba, pese al estado de excepción.
Correo Del Sur