El debate sobre la posibilidad de ampliar el Estado de excepción que rige en el país surge en un contexto marcado por escándalos institucionales y cambios en el mando de la Policía Boliviana. Sin embargo, la viabilidad de la medida choca con la realidad del país, donde incluso con la norma vigente ya se vulneró y desobedeció por diversos sectores.
En entrevista con Correo del Sur Radio, el analista Franklin Pareja explicó que, en términos universales, un Estado requiere “de dos recursos para lograr que se cumpla la ley”; una sociedad que sea culturalmente apegada al cumplimiento de las normas y una sólida capacidad coercitiva por parte de las instituciones estatales.
En Bolivia –señala– lamentablemente no existe una cultura de apego a la norma y, al mismo tiempo, el aparato estatal carece de una fuerza coercitiva eficaz. Como consecuencia, en el país “las leyes no se cumplen ni de a buenas ni de a malas”.
La debilidad institucional quedó demostrada tras el conflicto de 53 días protagonizado por sectores radicales. De acuerdo con Pareja, estas movilizaciones terminaron diluyéndose y quedando en la orfandad política debido a que no representaban el sentimiento ni el pensamiento de la mayoría de la población boliviana.
A pesar de que el gobierno tardó demasiado tiempo en reaccionar y se perdieron millones de dólares y vidas, el bloqueo fracasó porque la idea de derrocar a un presidente no forma parte de la idiosincrasia de la sociedad boliviana común.
No obstante, el analista advierte que el escenario de conflictividad muta de las disputas políticas a movilizaciones impulsadas por la desesperación económica. La pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional llevó a la población a un “empobrecimiento” acelerado.
Ante este panorama de asfixia económica, la alternativa técnica más dura sería la eliminación total de las subvenciones a los hidrocarburos, lo cual dispararía el precio de la gasolina y el diésel por encima de los Bs 15 o 16. Esta medida provocaría un efecto multiplicador inflacionario que empobrecería de inmediato a toda la población, generando un nuevo motivo de conflictividad social.
En este contexto de desesperación y vacío de “autoridad moral del gobierno”, Pareja sostiene que pretender imponer orden mediante un Estado de excepción resulta inviable e ineficaz para contener una crisis que no es de orden público, sino de subsistencia económica.
Correo Del Sur