Bolivia cerró la gestión 2025 con 36.400 hectáreas de cultivos de coca, un 7% más que las 34.000 registradas un año antes y 14.400 hectáreas por encima de las 22.000 autorizadas por la Ley General de la Coca. El crecimiento estuvo impulsado especialmente por el Trópico de Cochabamba, donde la superficie aumentó un 22%.
Los datos fueron presentados este martes por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), durante un acto en el que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, reconoció la magnitud del problema y anunció que la nueva Política Antidroga 2026-2030 buscará revertir esa tendencia.
“Estos datos son realmente preocupantes, tenemos el desafío de hacer mejor las cosas. El nuevo Gobierno asume el desafío urgente de recuperar la capacidad de intervención institucional y alcanzar resultados”, afirmó Oviedo.
El nuevo registro prolonga una tendencia ascendente. En 2023, la UNODC había contabilizado unas 31.000 hectáreas y en 2024 la cifra subió a 34.000, un crecimiento del 10%. El informe de ese año ya establecía que la superficie permitida por la Ley 906 es de 22.000 hectáreas para todo el territorio nacional.
Con las 36.400 hectáreas reportadas ahora, Bolivia tiene una superficie cultivada que supera en aproximadamente 65% el límite fijado por la legislación nacional.
Pero el informe exhibe otro indicador que preocupa al Gobierno: mientras las plantaciones aumentaron, las labores de racionalización y erradicación sufrieron una fuerte caída. Oviedo señaló que se pasó de alrededor de 10.000 hectáreas intervenidas en 2024 a solo 2.732 durante 2025, una reducción de más de 7.200 hectáreas en un año.
En 2024, el Estado había reportado la racionalización y erradicación de 10.001 hectáreas, según los datos difundidos junto con la UNODC.
Foto: APG
El Trópico crece 22%
La expansión, sin embargo, no fue uniforme. Según Oviedo, en los Yungas de La Paz los cultivos disminuyeron un 4%, mientras que en el Norte de La Paz aumentaron otro 4%. El contraste se encuentra en el Trópico de Cochabamba, donde el incremento llegó al 22%.
La zona ya había registrado la mayor expansión durante el anterior monitoreo. En 2024, las plantaciones del Trópico aumentaron 18%, desde 12.125 hasta 14.275 hectáreas. En los Yungas, en cambio, habían crecido 4%, hasta 19.230 hectáreas.
“Estas diferencias exigen intervenciones ajustadas a cada región”, sostuvo Oviedo, quien aseguró que el Gobierno pretende reducir progresivamente los cultivos excedentarios e ilegales “hasta los límites establecidos por la ley”, diferenciando la producción legal destinada a usos tradicionales.
El ministro planteó que esa reducción deberá realizarse mediante concertación con las comunidades, respeto a los derechos humanos y programas de desarrollo alternativo. “Las familias necesitan medios de vida, diversidad productiva y acceso a mercados”, manifestó.
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La presentación del informe coincide con la puesta en marcha de la Política Antidroga 2026-2030, aprobada el pasado 4 de septiembre por el Consejo de Política Integral para la Eliminación del Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas, Coca Excedentaria y Prevención del Consumo de Drogas.
El plan contempla nueve ejes, entre ellos la desarticulación de organizaciones criminales transnacionales, interdicción, inteligencia financiera, control de precursores, control de cultivos de coca, desarrollo integral y prevención del consumo.
Oviedo señaló que la nueva estrategia también apunta al patrimonio de las organizaciones criminales y al seguimiento de sustancias químicas utilizadas para producir drogas. El Gobierno prevé, además, reforzar la cooperación internacional frente a redes que, según el ministro, “cruzan fronteras, diversifican rutas, emplean nuevas tecnologías y movilizan grandes flujos financieros”.
“Tenemos un diagnóstico que exige actuar y una ruta clara”, sostuvo Oviedo al cerrar su intervención. “Nuestro compromiso es proteger a las familias, defender la soberanía y contribuir a la seguridad de Bolivia, de la región y de la comunidad internacional”.
El Deber