A pocos días de que se cumpla el plazo de vigencia del estado de excepción, el gabinete de ministros aprobó ayer el decreto por el cual solicita a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ampliar la medida, abriendo un debate sobre su procedencia, el procedimiento que debe seguirse y las razones que justificarían su continuidad. Representantes de diversas fuerzas políticas e instituciones coinciden en que el Ejecutivo debe explicar qué hizo durante los tres meses de vigencia y por qué considera necesario prolongarlo.
Julieta Jiménez, diputada de Unidad Nacional, señaló que si el Gobierno pretende ampliar el Estado de Excepción, debe acudir a la ALP para informar sobre las acciones realizadas durante los tres meses de su vigencia. A su juicio, ese periodo no fue aprovechado para hallar soluciones a los problemas del país. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de respaldar una ampliación si tiene como finalidad garantizar la paz social frente a amenazas de nuevas movilizaciones. Para ello, remarcó, el Ejecutivo debe explicar y justificar sus razones ante los legisladores.
Desde alianza Libre, Edgar Zegarra sostuvo que una eventual ampliación debe nacer de una solicitud del Ejecutivo y explicar para qué se requiere. Condicionó su respaldo a que la medida esté vinculada con respuestas al desabastecimiento de diésel y gasolina, la estabilidad del dólar y medidas para aliviar la presión social. Reclamó además un informe del ministro de Gobierno antes de la votación.
El diputado Daniel Fernández, del PDC, señaló que la ampliación está siendo evaluada ante el temor de nuevos escenarios de conflictividad. Mencionó las advertencias sobre movilizaciones y el desgaste provocado por los 53 días de bloqueos. Sostuvo que los legisladores evaluarán la situación nacional y la necesidad de la medida, con la premisa de evitar confrontaciones.
Muchos cuestionamientos
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, cuestionó la efectividad de la medida porque hubo protestas y bloqueos a lo largo de los tres meses pasados. Afirmó que una prórroga podría ser respaldada si el Ejecutivo la considera necesaria, pero planteó que debe traducirse en acciones concretas de seguridad y control fronterizo; de lo contrario, sería “un saludo a la bandera”.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, también reclamó resultados y pidió analizar motivos, alcance y duración antes de respaldar una nueva medida.
El jefe de Libre, Jorge Tuto Quiroga, afirmó que el estado de excepción aplicado durante 90 días fue “declarativo y enunciativo” y no efectivo. Sostuvo que el Gobierno debe rendir cuentas y fundamentar cualquier prórroga, porque una extensión podría postergar reformas parciales a la Constitución. En su criterio, la medida no levantó los bloqueos.
El dirigente campesino Nelson Virreyra rechazó una ampliación y afirmó que el estado de excepción no resolvió la crisis económica ni el abastecimiento. Advirtió que mientras persistan la falta de combustible, empleo y recursos, las movilizaciones continuarán.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, planteó que el problema de fondo no se resolverá solo ampliando la medida. La Defensoría recogió en 29 círculos de diálogo las percepciones de 933 participantes de 167 sectores y recomendó atender las causas estructurales mediante diálogo preventivo, presencia estatal, información clara y cumplimiento de acuerdos.
Ordenamiento legal
En el plano jurídico, el abogado constitucionalista José Luis Santistevan explicó que la ampliación del Estado de Excepción está contemplada dentro del orden constitucional y legal. Señaló que la Ley 1740 reglamenta el procedimiento previsto en la CPE y establece que una ampliación requiere autorización previa de la ALP para que el Ejecutivo emita el decreto supremo correspondiente.
El jurista precisó que esa autorización debe aprobarse por mayoría absoluta de los asambleístas presentes. Diferenció esta situación del primer decreto, que requiere aprobación posterior de la Asamblea.
Santistevan agregó que, mientras el estado de excepción no haya concluido, no corresponde aplicar el mecanismo de rendición de cuentas previsto para el cierre de la medida. Una vez concluido, el Ejecutivo debe informar a la ALP sobre su vigencia y los actuados desarrollados.
Asimismo, advirtió que durante la vigencia del estado de excepción no puede iniciarse formalmente una reforma constitucional, pero sí pueden realizarse reuniones y acuerdos preparatorios, pero el procedimiento formal de reforma parcial no puede comenzar hasta que concluya la medida excepcional.
El Deber