La ampliación del estado de excepción entra a una fase decisiva en la Asamblea Legislativa Plurinacional, convocada para esta tarde, a partir de las 16:00 para autorizar o rechazar la extensión por otros 90 días dispuesta por el Gobierno mediante el Decreto Supremo 5707. El debate llega con posiciones divididas y una discusión jurídica sobre el procedimiento.
El vicepresidente Edmand Lara confirmó la convocatoria y adelantó su criterio contrario a la prórroga. “Desde mi criterio no es necesario, pero no soy el que toma la decisión, es el pleno de la Asamblea”, afirmó. La sesión tendrá como segundo punto del orden del día el tratamiento del decreto.
El Gobierno sostiene que persisten factores de riesgo que justifican mantener el régimen extraordinario. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, informó que los ministros acudirán al Legislativo para sustentar la medida, que busca conservar las herramientas aplicadas desde junio frente a bloqueos, amenazas a la libre circulación, servicios esenciales e infraestructura crítica.
El DS 5707 establece que la ampliación comenzará una vez concluido el primer periodo de 90 días y mantiene las medidas, facultades y restricciones del DS 5636. Sin embargo, la Ley 1740 dispone que una extensión excepcional requiere autorización previa de la Asamblea, mediante mayoría absoluta de los legisladores presentes.
Ese punto abrió una controversia. Libre sostuvo en un pronunciamiento firmado por la diputada Lissa Claros que el Ejecutivo no puede ampliar unilateralmente el estado de excepción y que la ALP debe autorizarlo o rechazarlo. También recordó que el artículo 139 de la Constitución obliga al Ejecutivo a rendir cuentas sobre las causas de la declaratoria y el uso de las facultades extraordinarias. El constitucionalista Carlos Börth coincidió en que la prórroga requiere autorización previa y observó que el plazo de 72 horas corresponde a la declaratoria inicial. En su criterio, antes de votar, la Asamblea debería conocer la rendición de cuentas del Ejecutivo sobre los primeros 90 días y evaluar si persiste una situación de conmoción interna que justifique otros tres meses.
Desde el Gobierno existe una interpretación distinta. El vocero presidencial José Luis Gálvez señaló que, si la Asamblea no emite una resolución dentro de las 72 horas, las medidas del DS 5636 continuarán vigentes excepcionalmente hasta que exista un pronunciamiento. Si el pleno analiza la solicitud y la rechaza, explicó, el estado de excepción concluirá.
El debate impacta además en la reforma constitucional. El artículo 140 de la CPE establece que una reforma no puede iniciarse mientras esté vigente un estado de excepción. Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, cuestionó la prórroga porque, según su posición, postergaría ese proceso y pidió una rendición de cuentas.
APB-Súmate expresó, en cambio, respaldo a la extensión. Su líder, Manfred Reyes Villa, sostuvo que prolongar el régimen ayudaría a impedir nuevos escenarios de confrontación y desestabilización.
La votación definirá si Bolivia ingresa en un segundo periodo de 90 días bajo estado de excepción. El pleno deberá valorar si persisten las condiciones que justificaron la medida en junio, cuando el país enfrentaba una ola de protestas que duró 53 días con bloqueos que generaron pérdidas económicas superiores a $us 3.000 millones, según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y productores.
El cálculo incluye afectaciones al agro, la agroindustria, industria, comercio, transporte, turismo, banca, servicios, exportaciones e importaciones; solo el sector exportador dejó de generar más de $us 1.000 millones durante el conflicto.
El Deber