Con la atención concentrada en los efectos del retiro a la subvención del diésel, el Gobierno reiteró que la transformación del país “pasa por una nueva economía jurídica”.
Con la ampliación del estado de excepción y la tensión desatada por el alza del precio del diésel, ¿se paraliza el proceso de reforma constitucional planteado por actores políticos y el mismo Gobierno?
“La respuesta clara y contundente es que no (…) Es cierto que constitucionalmente no podemos poner en la agenda deliberativa formalmente en la Asamblea, para que mañana estemos aprobando las transformaciones de la Constitución, pero el trabajo técnico tiene que empezar de inmediato y esa es parte de las conversaciones con las fuerzas políticas”, respondió el vocero presidencial, José Luis Gálvez, a Correo Play.
Apuntó, no obstante, que hay una serie de pasos por cumplir, desde la socialización con la población hasta el referéndum sobre las eventuales parciales.
Gálvez aprovechó la oportunidad para reclamar por la lentitud en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Recordó que el 11 de agosto presentaron el proyecto de nueva Ley de Inversiones. “Nada inhibe tratarla y es fundamental para poner los cimientos para luego tratar la Ley de Hidrocarburos, la Ley de la Minería y todas las leyes que tienen la intención de plantear un nuevo orden económico. No es el Ejecutivo el que está atrasado. El Legislativo no lo ha puesto ni en agenda, no está en la comisión, no lo está tratando”, hizo notar.
“El reclamo de la ciudadanía y de todos debe apuntar a la Asamblea Legislativa. Lo digo con todo respeto, pero la voluntad de acelerar los cambios no solamente debe estar en el Ejecutivo, sino en la totalidad de las autoridades electas, porque no nos debemos a nuestros partidos, no debemos solamente a nuestros beneficios políticos, sino al pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano ha dicho que esto tiene que cambiar y debe cambiar”, agregó.
Correo Del Sur