Autoridades de distintas alcaldías y gobernaciones del país advirtieron este lunes que la eliminación de la subvención al diésel impactará negativamente en las finanzas de los gobiernos subnacionales, la ejecución de obras y la provisión de servicios esenciales, por lo que demandaron al Gobierno nacional compensaciones económicas, presupuestos adicionales y mesas de diálogo para amortiguar el alza de costos.
En La Paz, el alcalde César Dockweiler advirtió que la comuna precisará un presupuesto complementario de entre 40 y 45 millones de bolivianos solo para asegurar hasta fin de año la operación de los buses Pumakatari, el recojo de basura y la atención de riesgos. “Necesitamos unos Bs 45 millones adicionales para cubrir las necesidades de la ciudad hasta fin de año”, declaró a la prensa paceña. Frente a este panorama, el burgomaestre solicitó una reunión urgente con el presidente Rodrigo Paz para encontrar salidas conjuntas sin transferir el costo a los vecinos.
Por su parte, el gobernador de La Paz, Luis Revilla, calculó que el nuevo costo del carburante elevará en promedio hasta un 30% el valor de las obras departamentales. “El incremento podría afectar hasta en un 30% promedio, dependiendo de las características y los alcances de cada uno de los proyectos”, indicó.
La autoridad explicó que su administración evalúa utilizar el margen del 15% permitido por la normativa para cubrir la diferencia, tramitar modificaciones presupuestarias o reducir los alcances físicos para evitar la suspensión de los trabajos en las obras.
En Chuquisaca, la alcaldesa de Sucre y vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, Fátima Tardío, otorgó un plazo de 48 horas al Gobierno para que los ministros de Economía y de Obras Públicas acudan a dialogar en la capital. “Sucre no es una ciudad de segunda. Como alcaldesa del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, como alcaldesa de esta ciudad y también como vicepresidenta de la Asociación de Municipalidades de Bolivia, estoy en la obligación de hablar claro”, declaró en un video institucional. En esa línea, exigió un trato similar al de Santa Cruz. “¿Dónde está Sucre en esta discusión? ¿Dónde está la compensación para nuestros municipios… Sucre no va a esperar más”, advirtió.
En Cochabamba, el gobernador evista Leonardo Loza demandó la anulación del Decreto Supremo 1756 al señalar que fue redactado “a gusto y antojo del Fondo Monetario Internacional (FMI)”. En su lugar, el gobernador planteó convocar a una cumbre nacional de concertación y sugirió retomar la importación de petróleo crudo para su refinación en las plantas de Cochabamba y Santa Cruz.
Paz, al comunicar el fin de la subvención al diésel, anunció diez medidas de contención social, entre ellas un apoyo financiero para gobernaciones y municipios, orientado a readecuar las finanzas subnacionales y permitir el ordenamiento de sus obligaciones sin interrumpir servicios a la población.
Correo Del Sur