La agenda 50/50 dejó de ser una demanda individual y se convirtió en el eje de una posición conjunta de varias gobernaciones frente al Gobierno nacional. Ayer, desde Santa Cruz, el gobernador Juan Pablo ‘JP’ Velasco anunció que seis de las nueve gobernaciones se declararon en estado de alerta y fijaron el 31 de octubre como plazo para que el Ejecutivo atienda una serie de demandas financieras y administrativas.
La determinación fue asumida durante una reunión realizada en la Casa de Gobierno de Santa Cruz, en el marco del aniversario cívico departamental. Participaron presencialmente los gobernadores de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Cochabamba.
Velasco resumió la principal demanda en una frase: “Nuestra causa principal es el 50-50”. Las gobernaciones exigen que desde el Presupuesto General del Estado 2027 se incorpore la coparticipación tributaria departamental, sin afectar los ingresos de municipios ni universidades públicas. También reclaman reprogramar sus deudas, recuperar recursos del IDH y avanzar en la autonomía económica regional.
La presión financiera tiene otro componente: el incremento del precio del diésel tras la eliminación de la subvención. Las gobernaciones sostienen que sus presupuestos fueron elaborados con costos menores y ahora enfrentan gastos adicionales para mantener caminos, servicios de salud y maquinaria. Por ello piden transferencias extraordinarias del TGN, modificaciones presupuestarias y garantías de provisión de combustible.
La voz de las regiones
La gobernadora de Tarija, María René Soruco, puso cifras al deterioro de los ingresos departamentales. Explicó que la Gobernación llegó a administrar Bs 164 millones mensuales durante los mejores años de los hidrocarburos, mientras actualmente maneja alrededor de Bs 23 millones. Para ella, la liberación de algunas obligaciones es apenas un primer paso: la prioridad es alcanzar una coparticipación tributaria que permita contar con recursos sostenibles para cumplir las competencias constitucionales.
El gobernador de Oruro, Édgar Sánchez, coincidió en que la eliminación de la subvención requiere medidas complementarias. Advirtió que el impacto no solo alcanzará a gobernaciones y municipios, sino también a los sectores productivos y a la población.
Sánchez también alertó sobre el riesgo de una mayor conflictividad. Señaló que en Oruro ya se registran movilizaciones y sostuvo que una escalada podría generar un periodo prolongado de inestabilidad económica y política. Por ello pidió al Gobierno acciones “concretas, materializables y visibles” para evitar que aumente la tensión social.
Las tres autoridades coincidieron en que las gobernaciones necesitan una solución de fondo y no medidas aisladas. Por ello reclamaron compensaciones por el mayor costo del diésel, la reprogramación de sus deudas, la devolución de recursos y una nueva distribución de los ingresos tributarios.
El documento leído por Velasco establece el 31 de octubre como la fecha límite para que el Gobierno de Paz Pereira atienda sus planteamientos y demandas. Mientras tanto, las mesas técnicas entre las gobernaciones continuarán con la mira puesta en que el 50/50 se incorpore al presupuesto de 2027, de forma impostergable.
El Deber