El Gobierno considera que el repliegue nacional (paro) convocado por los choferes contra el nuevo precio del diésel tuvo un acatamiento desigual y sostiene que la salida al conflicto no pasa por restablecer el anterior esquema de subvención, sino por avanzar hacia la renovación y reconversión del parque automotor.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó este lunes que el servicio de transporte público era prácticamente normal en gran parte del país y ubicó las principales afectaciones en Santa Cruz y Sucre.
“En este momento nosotros estamos teniendo un reporte de actividades prácticamente normales en todo el país. Las principales afectaciones están concentradas sobre todo en Santa Cruz y en Sucre”, señaló.
La evaluación coincide con el escenario que comenzó a configurarse antes de la jornada de protesta. La Confederación Sindical de Choferes había dispuesto un repliegue nacional de 24 horas en rechazo al Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención al diésel y fijó inicialmente el litro en Bs 17,95. Sin embargo, federaciones de La Paz, El Alto, Cochabamba y otros sectores decidieron no sumarse, mientras Santa Cruz y Chuquisaca ratificaron la medida.
“El decreto de repliegue anunciado no ha tenido un acatamiento uniforme en todo el país”, dijo Justiniano.
En Santa Cruz, donde el retiro de unidades tuvo uno de sus mayores efectos, el ministro afirmó que el diálogo permanece abierto con el transporte urbano y estimó que alrededor del 25% de los micros utiliza diésel.
Justiniano vinculó el menor respaldo al repliegue con las medidas que el Ejecutivo comenzó a ofrecer al sector y dejó en claro cuál es la orientación gubernamental frente a la exigencia de restituir el subsidio.
“La idea no es volver a un sistema antiguo, sino todo lo contrario, ir a un sistema que nos permita tener una modernización de la flota de transporte y, con esta modernización, tener mejores costos y que la gente pueda utilizar un mejor servicio”, afirmó.
Uno de los instrumentos mencionados por la autoridad es el FONGAT, un mecanismo que, según explicó, ofrece disponibilidad de crédito y garantías de hasta el 50% para reparación de motorizados, compra de repuestos y otras inversiones relacionadas con el transporte.
Justiniano aseguró que apenas el 5% de ese fondo está siendo utilizado y atribuyó la baja demanda al desconocimiento del sector.
“Hay un desconocimiento de la ciudadanía, de la gente del transporte en este tema, por lo visto, porque este fondo ya está disponible hace rato y creo que es algo que se podría utilizar bastante”, sostuvo.
A ese mecanismo se suma el Programa Nacional de Renovación de Vehículos PATRIA, creado mediante el Decreto Supremo 5726, promulgado el 24 de septiembre. La norma establece mecanismos de financiamiento para renovar o transformar vehículos del transporte público.
El Ministerio de Obras Públicas informó que una primera meta es reconvertir de manera “urgente” 10.000 vehículos que actualmente funcionan con diésel, incluidos 2.000 en Santa Cruz, 2.000 en Cochabamba y 2.000 en Sucre.
Justiniano explicó que las alternativas contemplan refacciones, conversión a GNV e importación de vehículos y señaló que todavía se espera la reglamentación que deberá emitir Obras Públicas.
Según el ministro, uno de los mecanismos previstos permitiría que el financiamiento sea amortizado mediante descuentos vinculados a cada carga de combustible. “Hay posibilidades, a mediano y largo plazo, estructurales”, afirmó.
El repliegue había sido decidido el 22 de septiembre durante un ampliado nacional de los choferes realizado en Santa Cruz. La dirigencia anunció entonces que la medida abarcaría el transporte urbano, interprovincial, interdepartamental e internacional y advirtió que las protestas podían escalar si el Gobierno no atendía la demanda de dejar sin efecto el Decreto 5716.
Justiniano sostuvo, sin embargo, que las negociaciones desarrolladas en los últimos días permitieron reducir el nivel de conflicto. “En muchas regiones el transporte está trabajando normalmente y el Gobierno mantiene abierto el diálogo con los diferentes sectores”, afirmó.
El Deber