El Ejecutivo dejó en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cualquier decisión sobre la permanencia del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en el cargo, en medio de cuestionamientos surgidos tras la difusión de una lista vinculada a Estados Unidos.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, recordó que el nombramiento de la máxima autoridad del Ministerio Público proviene del Legislativo, por lo que cualquier eventual cambio debe seguir los procedimientos establecidos.
“Es desde la Asamblea Legislativa, senadores y diputados, donde emerge el nombramiento del fiscal general, y si ese órgano está pidiendo su renuncia tendrán que tomarse todas las formalidades procedimentales, que están establecidas en su reglamento parlamentario”, señaló la autoridad.
En esa línea, el Gobierno remarcó que respeta la independencia de los órganos del Estado y que no corresponde una intervención directa del Ejecutivo en este tipo de decisiones.
“Nosotros somos muy respetuosos del funcionamiento independiente de cada órgano”, afirmó Oviedo, al añadir que ya se solicitó información oficial sobre el caso mencionado en la lista difundida desde Estados Unidos.
El ministro explicó que el pedido de información se realiza a través de la Cancillería, con el objetivo de conocer los detalles que maneja el gobierno estadounidense y que habrían motivado la inclusión del nombre del fiscal general.
“Le estamos solicitando oficialmente vía el Ministerio de Relaciones Exteriores alguna información complementaria o la información principal que vaya a tener el gobierno de los Estados Unidos para tomar esta determinación”, sostuvo.
Correo Del Sur