La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sesiona este viernes, desde las 9:30, para tratar la aprehensión del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, sin una postura común entre las bancadas. Súmate, Unidad y Libre analizaban este jueves su posición. Desde el oficialismo, entre tanto, plantearon que se designe un fiscal por decreto.
El presidente del Senado, Diego Ávila, adelantó la sesión, que estaba prevista para el lunes 5 de octubre, y la convocó como presidente en ejercicio de la ALP por la ausencia del vicepresidente Edmand Lara, quien está en España.
La convocatoria, que se publicó por la mañana, atribuye el cambio a un “hecho extraordinario sobreviniente consistente en la aprehensión del Fiscal General del Estado y por razones de urgencia institucional, prioridad parlamentaria y economía procesal”.
El Orden del Día prevé, primero, el conocimiento de informes oficiales sobre la aprehensión y sus antecedentes institucionales, jurídicos y constitucionales. Luego, la consideración de las acciones legislativas y de fiscalización que correspondan. “Lo que buscamos es verificar todos los aspectos institucionales y jurídicos vinculados a este hecho”, informó Ávila en conferencia de prensa.
Entre las bancadas, el jefe de Súmate en Diputados, Diego Brañez, dijo al portal Visión 360 que estaban en reunión con su líder y que darían una conferencia de prensa cuando asumieran una posición. La primera vicepresidenta de Diputados, Daniela Cabrera, de Unidad, entretanto, señaló que su bancada también se encontraba analizando su postura.
La diputada y vocera del PDC, Sandra Rivero, por su parte indicó que su bancada, que “no es rodriguista ni larista”, solicitará un informe y que la ALP debe hacer lo mismo. “Necesitamos documentación, videos, audios, para conocer el hecho desde adentro”, afirmó.
Dentro del mismo partido, el diputado oficialista Alejandro Medinaceli propuso que el Gobierno designe por decreto a un fiscal general temporal, para que luego la Asamblea realice el proceso constitucional. “Hoy la Asamblea no va a reconocer a uno que se vaya a autonombrar como fiscal”, declaró.
Además, denunció una supuesta alianza entre Lara, el expresidente Evo Morales y Mariaca, y aseguró, sin presentar pruebas durante una rueda de prensa, que operadores del hoy todavía Fiscal General ofrecen entre $us 10.000 y $us 40.000 a parlamentarios por su voto.
Lara, desde España, cuestionó el adelanto de la sesión mediante un comunicado. Sostuvo que una sesión legislativa “no puede utilizarse para destituir arbitrariamente al Fiscal General ni para nombrar de manera directa a un nuevo Fiscal General”.
“Podemos sesionar, podemos debatir, podemos fiscalizar y podemos tomar las decisiones que constitucional y legalmente correspondan. Lo que no podemos hacer es saltarnos el procedimiento”, afirmó el Vicepresidente. Más teprano, en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, en Madrid, denunció la aprehensión de Mariaca y afirmó que “nosotros no defendemos personas, defendemos instituciones, defendemos la Constitución y defendemos el Estado de Derecho”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, indicó que en la sesión de este viernes se evaluarán las acciones que correspondan. “No puede haber protección del cargo, jerarquía o influencia política con ningún poder. Si existen responsabilidades, deberán sancionarse conforme al ordenamiento jurídico”, sostuvo.
El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan Del Granado, afirmó que es “un momento límite para la justicia en Bolivia”. Evitó adelantar una posición y planteó la necesidad de una reforma judicial estructural.
LA DEFENSA
El abogado del fiscal general Roger Mariaca, Jerjes Justiniano, afirmó que la ALP no puede designar a una nueva autoridad en la sesión convocada para este viernes, debido a que no se cumplieron los procedimientos legales correspondientes.
Durante una entrevista en el programa “Que no me pierda”, el jurista explicó que para nombrar un reemplazo debe existir previamente una suspensión temporal del cargo sustentada en investigaciones e indicios probatorios que, según remarcó, actualmente no existen.
Asimismo, Justiniano sostuvo que las acciones asumidas contra Mariaca son ilegales y denunció que el proceso responde a “una pugna de poder”, motivada por las pesquisas que el fiscal general llevaba adelante sobre el entorno cercano del presidente, en alusión a Fernando Cerimedo.
Correo Del Sur