El caso que involucra al fiscal general Roger Mariaca abrió este jueves un nuevo frente político y judicial, después de que su defensa presentara una acción de libertad contra el presidente Rodrigo Paz, autoridades de Gobierno y policías que participaron en el operativo de su aprehensión. Al mismo tiempo, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de que Estados Unidos solicite su extradición.
“Hoy día, no tenemos todavía una solicitud de extradición, pero no descartamos que pronto pueda venir”, afirmó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano. El Gobierno señaló que espera recibir de Estados Unidos la información y las pruebas relacionadas con las acusaciones formuladas contra Mariaca.
La acción de libertad fue presentada por el abogado Jerjes Justiniano en representación de Mariaca, del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y del fiscal superior Martín Daniel Irusta. El recurso fue presentado ante la Sala Constitucional Tercera de La Paz y la audiencia fue fijada para este viernes a las 08:30.
Justiniano sostuvo que las aprehensiones vulneraron derechos fundamentales y cuestionó que el operativo haya contado, según declaraciones del ministro de Gobierno, con autorización del presidente. Afirmó además que, si se consideraba que existía una estructura criminal dentro del Ministerio Público, correspondía activar los procedimientos establecidos por ley para procesar al Fiscal General.
El caso también provocó una disputa por la conducción del Ministerio Público. Tras la aprehensión de Mariaca, el fiscal superior Luis Montaño anunció que asumía temporalmente la Fiscalía General por ser el funcionario con mayor antigüedad; el Gobierno desconoció esa decisión, la calificó de usurpación de funciones y anunció que buscaría detenerlo.
En paralelo, la Policía informó de la aprehensión de 14 personas y reportó el hallazgo de Bs3.532.100 y $us10.000 en una ambulancia que salió del domicilio de Mariaca, mientras continúa el análisis de celulares, llamadas y contactos de los investigados. El Gobierno sostiene que el operativo busca desarticular una presunta estructura vinculada al narcotráfico y otros delitos.
En el ámbito político, la Asamblea adelantó para este viernes la sesión destinada a tratar la situación de Mariaca. Desde España, el vicepresidente Edmand Lara cuestionó la convocatoria y rechazó que se pretenda destituir al Fiscal General de manera directa, al señalar que deben cumplirse los procedimientos previstos por la Constitución y la Ley 260.
El caso se desarrolla además después de que Estados Unidos impusiera restricciones de visa a Mariaca y otros funcionarios por acusaciones relacionadas con corrupción y narcotráfico, y de que el secretario de Estado Marco Rubio expresara su respaldo a las acciones del Gobierno de Paz.
Erbol