José Armando Urioste comenzó a evaluar perfiles para renovar las nueve fiscalías departamentales y conformar su equipo en los 90 días que tiene para “ordenar” el Ministerio Público. En paralelo, desde Santa Cruz surgió una propuesta para que las Asambleas Legislativas Departamentales (ALD) elijan a fiscales de cada región de mamera pública y meritocrática.
“Tenemos que formar un equipo. La idea es hacer una transformación de la justicia y eso pasa por cambiar a las cabezas”, afirmó Urioste. Pidió a los fiscales departamentales de la gestión de Róger Mariaca que pongan sus cargos a disposición “de manera gentil, honesta y transparente”.
“Se está reevaluando a las fiscalías departamentales. Estamos analizando y evaluando los perfiles de quiénes van a entrar, quiénes se van a quedar”, señaló. Entre los requisitos, mencionó que se buscará a personas idóneas, sin denuncias en su contra “ni antecedentes de narcotráfico o extorsión”, dos de los cargos que golpearon a la institución.
La evaluación comenzó anoche en oficinas de la Fiscalía de La Paz, donde Urioste recibió un primer “informe de avanzada”. Anunció que viajará a Sucre, donde se concentra documentación e información institucional, para profundizar esta revisión.
El fiscal interino espera completar la próxima semana las designaciones de los nueve fiscales departamentales. Admitió, sin embargo, que no se tratará todavía de un proceso de institucionalización. “Eso lleva mucho tiempo. El desafío es inmediato. No nos da una semana para hacer concurso de méritos, exámenes de competencia, que es lo ideal”, dijo anoche la autoridad tras jurar al cargo en la Vicepresidencia.
Urioste afirmó que está invitando a abogados destacados, con buenos perfiles y sin antecedentes que cuestionen su trayectoria. Señaló que buscará apoyo de los colegios de abogados y pidió a profesionales que no tengan miedo de participar.
Santa Cruz tendrá una definición particular. Urioste desconoció la designación irregular de Mabel Andrade, realizada por Luis Montaño después de la detención de Mariaca y Alberto Zeballos. “Que yo sepa la fiscal de Santa Cruz no ha asumido, Montaño la ha designado, pero ella no ha asumido. El cargo está acéfalo”, sostuvo la autoridad.
Andrade dijo que permanece a la espera de instrucciones para conocer quién asumirá la Fiscalía Departamental. Ante versiones de que el jurista Martín Camacho podría ocupar el cargo, Urioste evitó confirmarlo o descartarlo y anticipó que habrá “sorpresas” en los próximos nombramientos.
En La Paz, Luis Carlos Tórrez continúa ejerciendo pese a haber presentado su renuncia. Urioste explicó que, cuando dejó su cargo a disposición, no había una autoridad que pudiera aceptar esa decisión y agregó que coordinó algunas tareas con él.
En medio de esa recomposición, el constitucionalista José Luis Santistevan elaboró un proyecto para que fiscales departamentales sean seleccionados por las ALD, mediante procesos públicos y meritocráticos. Prevé presentar la iniciativa en la Cámara de Diputados bajo el lema “Reforma del Ministerio Público ya”.
La propuesta no plantea modificar la Constitución Política del Estado, sino reformar la Ley 260 del Ministerio Público. Santistevan sostiene que la Carta Magna reconoce la existencia de fiscales regionales, pero deja a la ley la regulación de su organización, atribuciones y funcionamiento.
Urioste, entretanto, aseguró que la revisión no implica paralizar causas ni intervenir fiscalías. “Los casos deben continuar, no se debe paralizar absolutamente nada”, afirmó. También sostuvo que no habrá una “cacería de brujas”, aunque sí investigaciones cuando existan denuncias concretas.
Sobre el plazo de su gestión, reconoció que 90 días “no son suficientes” para una transformación completa. “Es suficiente para dejar la casa ordenada”, dijo. Anunció auditorías, seguimiento de casos y revisión de denuncias contra fiscales, además de decisiones institucionales que comenzarán por las jefaturas departamentales en las próximas horas.
Urioste juró ayer en un acto administrado por el vicepresidente Edmand Lara, previamente fue reconocido por el presidente Rodrigo Paz y los presidentes de las dos cámaras del Legislativo.
El Deber