El expresidente Luis Arce declaró ayer durante una hora y 15 minutos como testigo en el juicio oral por los hechos del 26 de junio de 2024, conocido como el caso 26J o la asonada militar. Arce fue trasladado desde un centro hospitalario para comparecer ante el Tribunal Sexto de Sentencia Penal de La Paz, mientras cumple detención preventiva por el desfalco del Fondo Indígena.
Eduardo León, abogado del general Juan José Zúñiga, afirmó que formuló unas 25 preguntas a Arce y cuestionó que el exmandatario alegara no recordar varios aspectos. Según el jurista, Arce sostuvo que hubo un golpe de Estado, aunque dijo haberse enterado por televisión de lo ocurrido.
La audiencia estuvo marcada también por la decisión del tribunal de emitir un mandamiento de aprehensión contra el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, quien no se presentó a declarar pese a estar citado para las 08:30. La convocatoria advertía que su ausencia injustificada podía derivar en esa medida. Del Castillo es buscado además por supuestos nexos con Sebastián Marset. León dijo que era “prófugo” por “huir de la justicia”.
En la misma jornada declaró el excomandante de la Policía y exviceministro Jhonny Aguilera. Una orden de aprehensión previa quedó sin efecto tras verificarse una equivocación sobre la fecha de su declaración. Sin embargo, durante su testimonio, el tribunal dispuso un arresto momentáneo para garantizar su presencia tras el receso. Aguilera permaneció bajo esa medida al menos tres horas y quedó en libertad después de concluir su declaración.
Wilson Echave, abogado de Aguilera, sostuvo que intentaron presentarlo como partícipe o facilitador de los hechos y mencionaron supuestas torturas, vejámenes, secuestros y allanamientos. Añadió que Aguilera afirmó que no hubo golpe de Estado porque, según su explicación, la intervención policial impidió que se consumara, aunque atribuyó a Zúñiga la conducción del despliegue militar en plaza Murillo.
León señaló que el proceso todavía está “llegando a la mitad”, porque faltan testigos de otros coacusados, prueba documental, inspecciones y otras actuaciones antes de la fase conclusiva. La defensa de Zúñiga busca sostener que los movimientos militares del 26J eran conocidos previamente por miembros del entonces gobierno de Arce, una tesis que deberá ser contrastada con las pruebas y testimonios del juicio.
Zúñiga estuvo algo más de dos años preso por esta causa.
El Deber