Un aproximado de Bs 1.000 millones están en cuentas del Órgano Judicial producto de obligaciones procesales, cauciones, consignaciones, remates judiciales u otros actos procesales previstos por la ley. De ese monto el 30% pasará a cuentas del Tribunal Supremo de Justicia para que sean utilizados en las necesidades del ente judicial.
“Nosotros tenemos proyectado alrededor de mil millones de bolivianos en depósitos judiciales, pero solo podemos disponer un 30%. Ese 30% equivale a 300 millones de bolivianos ¿Por qué no podemos disponer el otro 70%? porque son beneficios sociales, son pagos de asistencia familiar, es decir, son recursos que no prescriben por mandato de la Constitución”, dijo este jueves el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, luego de explicar las necesidades de este Órgano del Estado ante los diputados.
Este jueves, la Cámara de Diputados trató y aprobó el proyecto de ley “Prescripción y Consolidación de Depósitos Judiciales” que fue tratado por el pleno y remitido a la Cámara de Senadores para su revisión. Este era uno de los cuatro proyectos que mandó el Órgano Judicial a la Asamblea, tomando en cuenta el difícil momento económico que viven las instituciones.
“Después de ocho meses de trabajo intenso, de coordinación entre órganos del Estado, podemos decir que los diputados han entendido la realidad. Hemos absuelto todas las preguntas y las dudas que se tenían y confiamos en que, en los próximos días, seguramente el Presidente ya la aprobará”, dijo Saucedo sobre el particular.
El proyecto de ley aprobado tiene 21 artículos y 11 disposiciones transitorias y finales para que el ente judicial acceda a esos recursos. “El derecho a reclamar la devolución de los depósitos judiciales prescribe en el plazo de cinco (5) años”, señala el artículo 5 del proyecto. Según los magistrados en este momento hay depósitos judiciales desde la década de los 90 que siguen en los depósitos judiciales.
Se realizará una publicación de todos los depósitos judiciales que están en poder de los tribuales y las personas tendrán 30 días para reclamar la devolución. Pasado ese plazo se ejecutará la prescripción y el dinero pasará a cuentas del Órgano Judicial.
Asimismo, el proyecto permite que todos los depósitos judiciales pasen a una cuenta única y separada de la cuenta fiscal que tiene el Órgano Judicial y será administrado por las autoridades del TSJ.
La Dirección Administrativa Financiera (DAF) del Órgano Judicial tendrá 90 días a partir de la promulgación de la ley para elaborar un reglamento y hacer conocer a los litigantes en los distintos tribunales del país el procedimiento para recuperar los depósitos.
El Deber