El gobierno del presidente Rodrigo Paz aprobó el Decreto Supremo 5749, que “tiene por objeto regular la recepción, atención y canalización de denuncias administrativas relacionadas con hechos o acciones de extorsión, concusión, exacciones, cobros ilegales de dinero o dádivas patrimoniales”.
Esta regulación se aplicará en contra de los servidores públicos o exfuncionarios del Ministerio Público, del Órgano Judicial, de Derechos Reales, del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y de la Policía Boliviana que hayan cometido los citados delitos durante las actuaciones judiciales o administrativas.
“Se consideran conductas denunciables la exigencia, solicitud, cobro o recepción indebida de sumas de dinero, dádivas, beneficios patrimoniales, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad, para admitir, sustanciar, paralizar, dilatar, acelerar, emitir, dejar de emitir o desviar actuaciones judiciales o administrativas”, precisa el Artículo 2 del nuevo decreto.
El Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, fue designado para recibir, registrar, procesar y canalizar las denuncias administrativas.
Sin embargo, se aclara que la recepción de estas denuncias administrativas, en el Viceministerio de Transparencia, no constituirá la revisión de la actividad jurisdiccional o administrativa ni generará suspensión de plazos, ni interferirá en el ejercicio de funciones de otras entidades.
Las denuncias podrán interponerse de forma escrita en la oficina central o enlaces departamentales del Viceministerio.
Reserva de identidad
En el Artículo 5 se establece que, “en resguardo de la seguridad y protección de las personas que acudan a formular denuncias administrativas, (…) podrá aplicarse la reserva de identidad a solicitud expresa del denunciante o de oficio”.
La reserva de identidad se mantendrá durante todo el trámite de la denuncia administrativa y, cuando sea derivada a las instancias penales, el Viceministerio de Transparencia solicitará a la autoridad competente que dicha reserva se mantenga y se apliquen las medidas de protección a denunciantes y testigos previstas en la normativa vigente.
Este decreto es emitido días después de la detención del ahora exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, que está encarcelado por presuntamente liderar una organización criminal de protección a narcotraficantes y a otros antisociales.
Detención que, además, derivó en el hallazgo de millonarias sumas de dinero en efectivo y en bienes.
El Deber