La Procuraduría General del Estado dejó en manos del Ministerio Público la decisión de investigar y eventualmente convocar a representantes de la empresa francesa Thales Air Systems por las irregularidades detectadas en la adquisición de 13 radares de vigilancia aérea. El proyecto, contratado por más de 191 millones de euros, registra un presunto daño económico de Bs 1.478 millones, según una auditoría oficial.
El procurador Hugo César León La Faye explicó este viernes a EL DEBER, durante un breve contacto en Santa Cruz, que su despacho colaboró con el Ministerio de Defensa en la preparación de la querella penal presentada el jueves 15 de octubre contra 19 personas, entre ellas cuatro exministros.
“En este caso la víctima es obviamente el Ministerio de Defensa. Nosotros lo que hemos hecho es coadyuvar en el trabajo de preparar la denuncia junto con el Ministerio”, afirmó.
Consultado sobre una eventual demanda contra la compañía francesa o el Gobierno de Francia, León aclaró que la actuación de la Procuraduría está concentrada en el proceso penal iniciado en Bolivia y que las diligencias corresponden a los investigadores.
“En el memorial lo que se pide al Ministerio Público es que desarrolle todas las acciones. Son ellos los que investigan”, sostuvo.
Ante una segunda consulta sobre la posibilidad de convocar a representantes de Thales, respondió: “Ese es un resorte que no está en manos de la Procuraduría. Eso es un resorte que está en manos del Ministerio Público”.
León explicó que su institución realizará el seguimiento jurídico para garantizar que se cumplan los procedimientos y los plazos establecidos por ley.
“La Procuraduría procura que el fiscal haga su trabajo, que el juez haga su trabajo, que todo marche dentro de plazos, ajustado a derecho, para poder llegar al esclarecimiento de la verdad”, manifestó.
El procurador general del Estado conversa con EL DEBER
El contrato bajo sospecha
El Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta) fue contratado en agosto de 2016, durante el gobierno de Evo Morales, bajo la modalidad llave en mano. Debía incorporar siete radares militares y seis civiles, además de centros de control, comunicaciones, software, infraestructura y transferencia tecnológica.
El plazo original de 31 meses fue ampliado a 82 mediante siete modificaciones contractuales. La demostración final se realizó recién a los 98 meses.
La auditoría encontró que solamente dos radares funcionaban sin observaciones, nueve presentaban deficiencias operativas y otros dos estaban fuera de servicio, pese a que el proyecto reportaba un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, señaló que se contrató un sistema completo y operativo, no equipos aislados. “Se pagaron 191 millones de euros y no hemos recibido lo que corresponde”, cuestionó.
La querella comprende a Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, exministros de Morales; Luis Fernando López, de la gestión de Jeanine Áñez; y Edmundo Novillo, del gobierno de Luis Arce. También incluye a exfuncionarios, técnicos y representantes de la contratista.
Los descargos
Ferreira, quien suscribió el contrato inicial y dos modificaciones, rechazó las acusaciones. En declaraciones al programa ON-Otra Noche con Sissi Áñez, de EL DEBER, explicó que el proyecto originalmente costaba $us 350 millones, pero fue reducido a 191 millones de euros mediante ajustes en la cantidad de radares.
Sostuvo que las dos modificaciones de su gestión fueron administrativas y no alteraron precios ni plazos. “Estoy absolutamente convencido de que no tengo responsabilidad”, afirmó, y aseguró que se presentará ante la Justicia.
Por su parte, López, quien reside en Paraguay, expresó su disposición a responder a la denuncia. “Quedo a su disposición para presentarme ante quien corresponda. Mantengo mi posición de llegar a defenderme en libertad como corresponde”, escribió en sus redes sociales.
León insistió en que corresponde a los fiscales determinar los hechos y las responsabilidades. “¿Quiénes son responsables? Serán obviamente sancionados. Y los que no, pues bueno, absueltos en este caso”,expreso.