La declaración de nulidad de la Constitución del Estado Plurinacional constituye el eje central de la reestructuración jurídica propuesta por el exministro Carlos Sánchez Barzain. Según expuso, la carta magna vigente carece de validez legítima al haber sido impuesta mediante violencia, persecución y masacres —citando específicamente los sucesos de La Calancha y Porvenir—, además del desmantelamiento de las instituciones judiciales.
En ese marco, sustentó la invalidez del texto constitucional en el artículo 31 de la Constitución republicana previa.
Garantía para los ciudadanos y foco en la persecución del delito
Ante las interrogantes sobre el impacto de la medida, Sánchez Barzain descartó que la iniciativa genere un “vacío legal” o inestabilidad para la población. Precisó que el restablecimiento del orden constitucional no afectará las relaciones civiles cotidianas de la ciudadanía y señaló que los contratos, derechos de propiedad, trámites ordinarios y fallos normales se mantendrán intactos.
Explicó que la revisión y anulación únicamente afectará a quienes hayan delinquido, incurrido en enriquecimiento ilícito o cometido violaciones a los derechos humanos bajo el amparo del régimen.
Aunque reafirmó su postura en favor de la nulidad absoluta, indicó que los procedimientos técnicos y legales específicos serán analizados y definidos por equipos de juristas y expertos antes de concluir el año.
Correo Del Sur