El Banco Central de Bolivia (BCB), a través de una solicitud de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-Bolivia), certificó que el Fondo de perforación y explotación hidrocarburífera, tiene $us 701 millones, recursos que son de los municipios que han aportado desde hace 10 años, el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), informó a EL DEBER el presidente de la FAM y alcalde de Tarija, Johnny Torres.
“Hemos pedido una certificación al Banco Central de Bolivia y la entidad nos ha certificado que hay 701 millones de dólares por los descuentos. Eso es dinero de los municipios”, manifestó la autoridad.
Agregó que lo más práctico que se puede hacer es que el BCB devuelva esos recursos a los municipios. “Lo que le hemos dicho al Gobierno es: ‘devuélvannos. Devuélvannos ese dinero para afrontar todas las necesidades crecientes que tienen los municipios. No hay un solo municipio que le vaya a decir: ‘a mí me sobra la plata’”, argumentó Torres.
Ya se hizo el pedido al Gobierno, aclaró Torres, y EL DEBER acudió a la Vocería presidencial y al Viceministro de Autonomías pero no obtuvo respuesta.
El Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH), se crea a través de la Ley 767 del 11 de diciembre de 2015, “Ley de promoción para la inversión en exploración y explotación hidrocarburífera”. en su artículo 12, la norma dispone que “antes de la distribución a las Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas y todos los beneficiarios”, el FPIEEH se financiará con el 12% de los recursos del IDH.
Han pasado 10 años desde que el Gobierno central descuenta el 12% de los recursos del IDH a los municipios, no obstante, dicho fondo no rindió frutos y solo dañó a los niveles subnacionales, afirmó a EL DEBER el experto en autonomías y descentralización, Fabián Yaksic.
“El resultado está a la vista. Son 10 años que se han confiscado estos recursos del IDH y está claro que no hubo ningún resultado, no hubo ninguna inversión porque exploración hidrocarburífera es lo que menos hubo. Fue un fiasco y es parte de las políticas erráticas en materia de hidrocarburos”, afirmó Yaksic, que también es concejal de La Paz.
En relación al 50/50 o una redistribución equitativa de recursos públicos entre el ente central y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA), las alcaldías aún no tienen un norte claro de cómo se va a ejecutar esta redistribución a partir de 2027.
Actualmente, la redistribución de recursos públicos (IDH y otros impuestos) es: 75% para el Gobierno central, 20% las alcaldías y 5% para las universidades, recordó Torres y agregó que una vez que se cumpla el 50/50, “habría 25% para las alcaldías para que podamos cubrir las demandas de la población”.
La última reunión entre el presidente Rodrigo Paz y los alcaldes de ciudades capitales, el 29 de septiembre, se acordó avanzar en una agenda 50/50 con enfoque diferenciado tomando en cuenta las características regionales, económicas, poblacionales de cada municipio y para esto se instalaron mesas técnicas para analizar los casos por cada municipio.
El Deber