El vicepresidente Edmand Lara cuestionó el Decreto Supremo 5755, que autoriza de manera excepcional la importación de gas natural para consumo propio o generación eléctrica, y pidió al Gobierno transparentar la cantidad de reservas que aún tiene Bolivia.
“Díganle la verdad al país cuánto gas nos queda. No generen pánico, pero tampoco oculten las cosas”, manifestó la autoridad, al advertir sobre los posibles efectos económicos de adquirir este recurso en el mercado internacional y realizar los pagos en dólares.
Según Lara, los costos del gas importado podrían trasladarse a los precios de productos de consumo cotidiano, como el pan y el pollo, además de los alimentos procesados y los fertilizantes. También alertó que una mayor demanda de dólares para financiar estas operaciones podría presionar el tipo de cambio, alimentar la inflación y disminuir el poder adquisitivo de los salarios.
El vicepresidente señaló que la medida también podría generar desigualdades entre los sectores productivos, debido a que los pequeños talleres, las fábricas y los panificadores tendrían menos posibilidades de importar combustible por cuenta propia en comparación con las grandes empresas.
Otra de sus observaciones se refiere a los mecanismos de control para evitar la reventa del gas dentro de los ductos, una práctica que está prohibida por la normativa.
El Decreto Supremo 5755 habilita excepcionalmente a personas naturales y jurídicas, así como a empresas públicas y privadas, a importar gas natural (GN) y gas natural licuado (GNL), siempre que sea destinado al consumo propio o a la generación de electricidad. La disposición prohíbe comercializar o transferir el producto a terceros.
La norma establece, además, que los importadores deben reportar los volúmenes adquiridos, la calidad del producto y el precio de compra. Asimismo, otorga al Ministerio de Hidrocarburos y Energías un plazo de hasta 20 días hábiles para aprobar la reglamentación correspondiente.
El decreto también contempla el transporte de gas natural licuado bajo licencia y prevé sanciones en caso de incumplimiento de sus disposiciones.
En ese contexto, Lara insistió en que el Gobierno debe informar sobre la situación de las reservas nacionales y explicar las implicaciones económicas de la medida, ante los posibles efectos que podría tener sobre los costos de producción y el bolsillo de la población.
Correo Del Sur