Dos asesinatos en Santa Cruz y Beni expusieron otra vez la violencia criminal que golpea al país. Uno de los cuerpos apareció en el Cordón Ecológico cruceño, junto a un cartel con una amenaza a un viceministro; el otro hombre fue acribillado dentro de su casa en Guayaramerín. Anoche, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, atribuyó la intimidación a redes del narcotráfico afectadas por los operativos de seguridad y advirtió que estructuras alineadas a Sebastián Marset continúan activas en varias regiones.
“Peter Maldonado, ya se cumplió el plazo. De aquí para adelante los muertos que hayan va a ser tu conciencia, paga la deuda”, decía el mensaje, según leyó Álvarez. El jefe policial identificó al destinatario como el viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado Bakovic. Sostuvo que grupos criminales buscan detener las operaciones de seguridad que se llevan adelante con apoyo y coordinación internacional.
El cadáver fue hallado por vecinos en una calle de tierra que conduce al río Piraí. La víctima carecía de documentos. Álvarez indicó que era conocida como ‘El Chato’ o ‘Conejo’, pero su identidad seguía pendiente de confirmación mediante huellas y registros del Segip. La fiscal Rose María Barrientos informó que la autopsia encontró cinco impactos de bala y golpes en el cráneo. El fiscal general del Estado, José Armando Urioste, dijo que la víctima puede ser “un indígente” y confirmó “el mensaje” con el que se materializó la amenaza contra la autoridad de Gobierno.
También circuló un video de encapuchados armados que amenazan a una autoridad del Gobierno. Se analiza su autenticidad y posible relación con el cartel; hasta ahora no está establecido que los protagonistas sean los autores.
En Guayaramerín, Beni, un hombre identificado preliminarmente como Abel B. Z. murió baleado en su vivienda del barrio Villa 8. Vecinos oyeron disparos hacia las 04:00. La Felcc busca a los atacantes y se moviliza. “En las próximas horas habrá más novedades”, dijo la autoridad. Anoche comenzó un operativo polcial con decenas de agentes movilizados.
Redes crminales
Álvarez afirmó que organizaciones relacionadas con la red de Marset mantienen actividad en Santa Cruz, Beni y el trópico de Cochabamba. Como antecedente citó la aprehensión, el 24 de octubre en Concepción, del brasileño Engri Júnior de Almeida Maia, alias ‘Júnior Trindade’ o ‘Pablo Escobar de Goiás’. Según la Policía, ingresó al país en 2021 tras escapar de una prisión brasileña y montó una estructura que prestaba logística y seguridad al narcotráfico. Operaba con las identidades de Julio Javier Maia Zampayo y Julio Salles Barbosa
El comandante lo vinculó con Amigos do Estado (ADE) y le atribuyó aproximadamente 12 sicariatos en Bolivia y 40 asesinatos en Brasil, extremos sujetos a investigación judicial. Tras su captura, se aprehendió a seis personas. Álvarez aseguró que las pesquisas continúan sobre posibles redes de protección y lavado de ganancias.
La Policía atribuye a los controles de la operación Fronteras Seguras una reducción de sicariatos en San Ignacio de Velasco, donde hubo una ola violenta que se extendió, precisamente, hasta San Matías, en la frontera con Brasil.
Pero los asesinatos de ayer se agregan a un año marcado por agresiones directas. Un recuento de EL DEBER, publicado el 21 de octubre, registraba al menos 62 víctimas en 52 hechos de violencia criminal durante 2026. Santa Cruz concentraba 39 fallecidos, aproximadamente el 63% del total. Se trata de un recuento que incluye ataques armados y muertes alineadas con el sicariato.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, sostuvo en varias ocasiones que el PCC y Comando Vermelho “están peleando un corredor” de salida de droga. La representante de la Unodc, Mónica Mendoza, había advertido que Bolivia se convirtió en un centro de operaciones del PCC, Comando Vermelho y el cartel Jalisco. En una entrevista con EFE vinculó el aumento del sicariato a disputas por territorios y alertó sobre la infiltración en instituciones estatales. Reclamó una respuesta integral que investigue las redes financieras y la corrupción.
El Deber