En lo que va del año, cinco organismos internacionales urgieron al Gobierno boliviano a realizar una reforma judicial. Human Rights Watch (HRW), la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, recientemente, el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) hicieron el pedido con el mismo argumento: la falta de independencia en el Órgano Judicial.
Cuando asumió el cargo de ministro de Justicia, en noviembre de 2020, Iván Lima anunció el tratamiento de normas que den “transparencia, accesibilidad y prontitud en la administración de justicia”. Prometió una reforma que después de tres intentos fallidos no se concreta. Ante el informe de la CAT, el fin de semana anunció otra Cumbre para marzo de 2022.
El pasado viernes, el Comité de la ONU contra la Tortura publicó un informe sobre la situación de DDHH en Bolivia realizado por 10 expertos internacionales. El documento refiere, entre otros puntos, “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, evidenciado en procesos por sedición y terrorismo contra opositores políticos”.
Recomienda además: “Llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso; adoptando una ley sobre la carrera judicial que garantice la estabilidad profesional, y revisando el proceso de selección, evaluación y remoción de juezas, jueces y fiscales, conforme a criterios públicos y objetivos, basados en el mérito”.
En agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que investigó las violaciones de derechos humanos en 2019, constató una recurrente falta de independencia en la justicia.
“Pese al desarrollo normativo en la materia, el GIEI advierte que persiste una falta de independencia de la administración de justicia como problema estructural en Bolivia. La observación del funcionamiento del sistema de justicia permitió notar que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos” estableció el GIEI.
Tras la publicación del informe, la portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) emitió un comunicado. “Las recomendaciones del GIEI, junto con las del Acnudh, constituyen una hoja de ruta para abordar los desafíos estructurales en Bolivia, incluidos el racismo y la interferencia política en el sistema judicial”, señaló.
En marzo, el director de HRW, José Miguel Vivanco, denunció el uso del aparato judicial con fines políticos tras la primera imputación a la expresidenta Añez.
“No es posible que se imputen cargos tan serios como el de terrorismo sin aportar las pruebas más básicas (…), todo esto demuestra que se sigue una práctica muy nociva, contraria al Estado de Derecho, que es utilizar al aparato judicial, es decir a los jueces y al Ministerio Público, para vendettas de tipo político”, señaló Vivanco.
También en marzo, Amnistía Internacional advirtió sobre la necesidad de una reforma judicial en el país. “Amnistía Internacional ha venido denunciando durante décadas la crisis de impunidad en Bolivia, que solo podrá revertirse con una justicia auténticamente independiente e imparcial”, dijo Erika Guevara, directora de la entidad para las Américas.
Intentos fallidos
- Notables Hace un año, Justicia articuló un grupo de nueve juristas notables que lanzaron la propuesta de cambiar la justicia reformando parcialmente la Constitución a través de un referendo. La iniciativa hizo aguas dos meses después.
- Consejo En febrero, el ministro Lima anunció la recomposición del consejo de asesoramiento ampliándolo a 20 integrantes, de los cuales el 50% debían ser mujeres. La propuesta tampoco prosperó.
- Pilares En septiembre, Lima presentó una “ruta crítica” de seis pilares para concretar la reforma judicial. Sin avances, el ministro anunció que esos pilares se retomarán en la Cumbre de marzo.
Página Siete
