Por Bruna Lafuente
La oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá un rol clave este 2022. El primer reto es la elección del defensor del pueblo, que, según el Movimiento Al Socialismo (MAS), será elegido en enero de esta gestión. Luego vendrá la reforma judicial en marzo y en carpeta están los juicios de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Áñez. Todas estas decisiones requieren los dos tercios del pleno de la Asamblea, algo que el oficialismo no tiene.
En su primer año de gestión, el presidente Luis Arce se ha visto involucrado en diversas situaciones en que la oposición cuestionó la legitimidad de algunas leyes y falta de diálogo en la toma de decisiones. El MAS sobrepasó las pocas voces de opositores y aprobó normas que luego fueron abrogadas y anuladas por la protesta en las calles.
El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, planteó tres “señales democráticas” que se deberían tomar en cuenta para que la oposición sea escuchada en la gestión 2022. La primera, “abrir un espacio para reformular la independencia de poderes. Segunda, establecer un mecanismo que permita el diálogo entre gobierno y oposición y, tercera, el consensuar las leyes que se va a aprobar, eso tiene que ver con la decisión de donde se van a debatir, tanto en la Asamblea Legislativa y con los sectores directamente involucrados”, detalló el también expresidente.
Elección del defensor
Entre esas decisiones que quedan pendientes está la próxima elección del defensor del pueblo, que actualmente asume Nadia Cruz, quien cumple un interinato que se ha prolongado por más de dos años y es objeto de diversos cuestionamientos. La actual defensora de pueblo es acusada de ser afín al Gobierno del MAS.
El artículo 220 de la Constitución establece que la “Defensora o Defensor del Pueblo se designará por al menos dos tercios de los presentes de la Asamblea Legislativa”. Esta determinación obliga al MAS y a la oposición a negociar el nombre del próximo defensor.
El senador Félix Ajpi, del MAS, afirmó la anterior semana que se perfila que en el primer mes de este 2022 se allanará la senda para el proceso de selección del nuevo defensor del pueblo.
“Hemos acordado en las últimas reuniones de la bancada nacional del instrumento político, yo creo que el primer mes de nuestra actividad legislativa vamos a ir en ese camino, porque esa es la parte coja que hemos tenido en la anterior gestión”, declaró el legislador.
En la oposición ven como un reto esta elección. El diputado Rodrigo Reyes (CC) afirmó que la elección de la cabeza de la Defensoría del Pueblo debe pasar por un “filtro sumamente exigente” para evitar que el o la elegida tenga una vinculación política.
“Tendremos toda la responsabilidad para llevar adelante este proceso de elección. Nosotros, como CC, estamos en la línea de que la nueva o el nuevo defensor debe cumplir los requisitos establecidos para evitar las actuales situaciones que atraviesa la actual defensora (Cruz)”, dijo Reyes.
Cruz fue designada por la Asamblea Legislativa Plurinacional como defensora del pueblo interina el 30 de enero de 2019. El nombramiento se concretó seis días después de la renuncia al cargo de David Tezanos Pinto.
Mientras, el senador Erik Morón, de la alianza Creemos, afirmó a EL DEBER que mantendrán su resistencia en el Legislativo marcando “límites al autoritarismo del MAS”. El legislador detalló que, además de la elección del defensor del pueblo, está también en agenda la reforma judicial, que de concretarse se necesitará los dos tercios para abrir la Constitución e insertar los cambios.
Morón también ve como un reto de la oposición lograr la institucionalización de algunos cargos en entidades estratégicas que están con interinatos desde hace mucho tiempo. “La institucionalización de algunos cargos requiere de la aprobación de dos tercios en la Asamblea, para eso propondremos el diálogo responsable, con calificación objetiva de las nuevas autoridades, que no respondan a la línea del MAS, sino que cumplan con los requisitos para los cargos, de manera profesional y de manera independiente, hablamos de Defensor del Pueblo, presidencia de la Aduana, Impuestos Nacionales, entre otros”, dijo.
El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) observó el interinato de la defensora Cruz. El informe de este organismo recomienda que se debe institucionalizar el cargo.
El Deber
