El feminicidio de dos jóvenes en manos de un asesino sentenciado a 30 años de prisión sin derecho a indulto, pero favorecido con detención domiciliaria, ha desnudado, nuevamente, la crisis de la justicia, hasta señalar que se encuentra en “terapia intensiva”, pero que no existe voluntad política para frenar esta descomposición y reformar el sistema judicial.
Los últimos eventos sacan a la luz la corrupción, la discriminación, la dilación de los procesos judiciales y la falta de recursos humanos, entre otros problemas en el sistema de justicia boliviano, según abogados constitucionalistas.
“La situación es dramática. En algún momento dijimos ha tocado fondo, estamos en el fondo de una ciénaga que efectivamente está afectando la vida de la gente, la seguridad de las personas. Mira la suerte de estas jovencitas: han sido asesinadas luego del secuestro y vejaciones que han sufrido por un psicópata que fue liberado por jueces y autoridades penitenciarias que le han dado carta blanca para que siga cegando vidas, sembrando el enorme dolor entre decenas de familias”, señaló el exalcalde de La Paz y abogado Juan del Granado.
A su vez, el constitucionalista José Antonio Rivera, de manera coincidente, señaló que “hemos tocado fondo”.
“El sistema judicial se encuentran en terapia intensiva, con diagnóstico reservado y, día que pasa, van saliendo los escándalos cuando las víctimas pueden, de alguna manera, llegar a hacerse escuchar a través de los medios de comunicación o realmente este caso escandaloso que estamos viviendo con el tema del psicópata violador”, aseguró el abogado.
Sin embargo, ambos legistas de experiencia sostienen que la justicia está secuestrada por el poder político, que en momentos como éste salen las autoridades a ofrecer cambios, sanciones ejemplares, entre otros.
“No hay una voluntad en los actores políticos porque esta justicia que se encuentra en crisis terminal es funcional a los intereses políticos que tiene el partido de gobierno. Es lamentable, como el partido de gobierno utiliza el sistema judicial con fines políticos desplegando una persecución selectiva”, indicó Rivera
Del Granado, más incisivo, sostiene que la crisis del sistema de justicia se relaciona con el relacionamiento con el poder político.
“Tiene una explicación: jueces en las altas cortes, personeros afines al Gobierno que además son dóciles al gobierno de turno (…). Tenemos que ir al fondo del asunto, son personeros judiciales afines a un partido político, que no administran justicia, que están administrando intereses político-partidarios en contra de los intereses de la comunidad, protegiendo a sus hermanos, parientes, amigos y otros”, refiere.
Además, Del Granado recordó que el partido gobernante MAS en más de una década que está al frente de la administración del Estado ha planteado reformas a la justicia a través de cumbres, que a la fecha no han tenido efecto alguno.
La abogacía está venida a menos
El constitucionalista Williams Bascopé Laruta sostiene que la profesión de abogado está devaluada desde hace mucho tiempo, porque el poder político se encargó de poner mediocres, negligentes y corruptos en cargos de jueces, fiscales, para luego cobrarles la factura del cargo con favores y lealtades para perseguir a sus opositores políticos. “La consecuencia la sufre la gente de abajo, el ciudadano de a pie, cuando es su hija la que fue víctima de rapto, violación y asesinato o feminicidio; esa madre de familia de a pie es la que sufre (…) sólo porque dejaron salir a un psicópata sexual y feminicida serial que tenía 30 años de cárcel”, señaló el abogado.
Los Tiempos
