Colectivos en defensa de las mujeres, autoridades de la oposición y constitucionalistas calificaron la creación de la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio en Bolivia como una medida improvisada ante las protestas y críticas en contra del sistema judicial en el país.
También coincidieron en que se necesita una reforma de la Ley 348, eliminar herramientas que den libertad a que procesados, participación de la sociedad civil y víctimas en los procesos de investigación, destinar mayor cantidad de recursos económicos y la capacitación del personal que atiende los casos de violencia de género y feminicidios.
El colectivo Mujeres Creando pidió al Gobierno hacerse cargo de recabar la información de carpetas para la transparencia de los procesos de investigación, y que en la Comisión participen víctimas y juristas del colectivo para garantizar la “idoneidad” del trabajo, pero hasta la fecha no obtuvieron respuesta del vocero de la presidencia, Jorge Richter.
“El Gobierno ya nos ha fallado con la reforma de la Ley 348. Están saliendo a figurar y prometer una reforma de justicia y prometen una gran comisión, pero no son capaces, no tienen credibilidad. (…) La Comisión es improvisada, es una decepción histórica, el Estado tiene instancias que deben responder y no lo hicieron”, señaló la representante del colectivo, María Galindo.
El colectivo anunció tomar medidas de presión ante la falta de respuesta de las autoridades.
Asimismo, el constitucionalista Carlos Alberto Goitia expresó que la comisión es una medida improvisada y no una solución integral, debido a que involucra “sólo” a sujetos que quedaron libres en procesos penales y no toma en cuenta a los “protegidos” ni condenados.
“Tengo la impresión de que es una respuesta improvisada dada la avalancha de críticas y cuestionamientos al sistema de justicia en Bolivia. (…) Se necesita encarar la reforma integral del sistema de justicia a partir de instancias imparciales”, dijo Goitia.
En tanto, la senadora Andrea Barrientos y la diputada Samantha Nogales coincidieron en que la creación de la comisión no eliminará el problema “de raíz”, y que se necesita mayor cantidad de recursos económicos, mayor prevención, involucrar a ministerios que dicta la ley 348, gestionar mayor cantidad de fiscalías especializadas, entre otras determinaciones señaladas por las autoridades.
“En Santa Cruz de la Sierra, en 2020, hubo 15.292 causas de violencia de género asignadas a 22 fiscales (…). Sólo Cochabamba tiene 56 recursos de casación y más de la mitad data desde 2016, trancados en salas plenas del Tribunal Supremo de Justicia. Esta comisión es machista y masista”, expresó Barrientos en conferencia de prensa.
En tanto, la abogada de la Fundación Voces Libres, Mercedes Cortez, señaló que se debe unificar criterios para eliminar las herramientas que dan posibilidad que los procesados sean liberados.
Diputado del MAS no ve “solución”
El diputado del MAS Daniel Rojas aseguró que no confía en que la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, anunciada por el presidente Luis Arce, dé una “solución de fondo” a los problemas por los que atraviesa la justicia y las víctimas de esos casos.
El legislador manifestó que fue parte de la injusticia e indicó que será muy complicado acabar con un sistema judicial que está corrompido.
Los Tiempos
