Romero sugiere ‘cambalache’ de Goni por Dávila; tuvo apoyo de CC

Desde que Estados Unidos confirmó la intención de juzgar a
Maximiliano Dávila, el último jefe antidroga del gobierno de Evo Morales, se encendió un nuevo debate sobre posibles “narcovínculos” y la respuesta que debería dar el país a la petición formulada por el Departamento de Estado.

Desde Santa Cruz, Carlos Romero fue el primero en salir para presentar sus descargos. El exministro de Gobierno planteó un “cambalache” para que el coronel de la Policía Maximiliano Dávila sea enviado a Estados Unidos a cambio de Carlos Sánchez Berzaín y de Arturo Murillo, dos exautoridades reclamadas por la justicia boliviana.

El único problema es que Dávila fue tipificado en Bolivia por enriquecimiento ilícito, las penas por este delito van de tres a seis años. Si es que existen elementos por un delito de narcotráfico básicamente tiene que haber un cambio y es el Gobierno de Bolivia que tiene esa facultad, a través de una acusación”, comentó Romero.

“Si es que existen elementos por un delito de narcotráfico, básicamente tiene que haber un cambio y es el Gobierno de Bolivia que tiene esa facultad, a través de una acusación, de pedir el cambio. Desde el terreno político, habrá que hacer ese cambalache para que nos manden a quienes están protegiendo en el norte”, insistió Romero, quien estuvo siete años a cargo de la seguridad interna del país en tiempos de Evo Morales. 

La idea de Romero fue respaldada por Carlos Alarcón, constitucionalista y diputado por la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC). “Esta es la mejor oportunidad que tiene este Gobierno y que no lo hizo Evo Morales, quien en 14 años no fue capaz de conseguir la extradición de Sánchez Berzaín ni del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada”, afirmó.

 “La reciprocidad no es, efectivamente, un canje, pues si un país actúa de alguna manera, con señales concretas, el otro país también tendría que actuar en ese sentido”, complementó Alarcón, que también fue ministro de Justicia en el gobierno de Carlos Mesa.

Dávila está en el punto de mira del Departamento de Estado de EEUU, que envió al país una solicitud de “detención con fines de extradición” y, al mismo tiempo, ofreció una recompensa de hasta $us 5 millones por información que permita incriminarlo y condenarlo en el juicio que se instaló en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Está acusado de usar su cargo, como jefe antidroga, para brindar “protección armada” a aviones que despegaron desde Bolivia con cocaína que debía llegar a Estados Unidos.

El oficial de la Policía está detenido desde el 26 de enero en el penal de San Pedro, de La Paz, pero acusado de legitimación de ganancias ilícitas. De hecho, la Policía evitó que salga de Bolivia y lo capturó cuando intentaba cruzar la frontera para ingresar a Argentina. En la “nota verbal” que remitió el Departamento de Estado a la Cancillería se lee que Estados Unidos tiene conocimiento de que existe un “proceso interno” contra Dávila y que en los próximos 60 días hará llegar los documentos de respaldo para formalizar la petición de extradición, de acuerdo al Tratado firmado con Bolivia en 1995.

Desde Miami, Carlos Sánchez Berzaín acusó al expresidente Evo Morales de hacer de Bolivia “un narcoestado” y que intentará cualquier acción para encubrir las acciones ilegales de Chapare.

“La participación de Evo y su grupo en actividades ilícitas están internacionalmente probada y este no es el primer caso”, afirmó el exministro de Sánchez de Lozada que vive en Estados Unidos desde 2003, país en que se refugió después de la denominada  “guerra del gas” que provocó la muerte de 67 personas por una intervención militar. 

Desde 2008, el país pidió a Estados Unidos la extradición de Sánchez Berzaín, recordó el canciller Rogelio Mayta, el miércoles.

Pero, los dardos contra Morales también llegaron desde la oposición. Ayer, el diputado José Carlos Gutiérrez (Creemos) aseguró que detrás de las acusaciones contra Dávila “hay un gran pez gordo y Estados Unidos aplicó este camino porque ha visto que el Gobierno boliviano no tiene la intención de colaborar. Incluso, este tema debería llamar la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU)”, remarcó.

Según Beto Astorga, diputado de CC, Estados Unidos “está demostrando que esta vez quiere llegar hasta el fondo de la verdad sobre el narcotráfico en Bolivia”.

Además de Dávila, conocido como “El Macho”, la Corte del Distrito Sur de Nueva York acusó Omar Rojas, un exmayor de la Policía que estuvo en la Felcn, a los ciudadanos bolivianos John Cahuana, alias “Jota”, y los hermanos Jheyson y Herland Montaño Fernández, quienes estaban como proveedores de la droga. La lista de acusados se cierra con el peruano Rómulo Ramírez, alias “Pepe”, que tenía la responsabilidad de la logística de la operación.

Tras esa investigación, en marzo de 2021, agentes estadounidenses participaron, junto con fuerzas antidroga de Colombia y Perú de una operación simultánea que tuvo lugar en Lima, donde fue capturado Jorge Roca, ‘Techo de Paja’ y en Bogotá, donde cayó Rojas, quien es reclamado en extradición por Estados Unidos desde Colombia. En tanto, los hermanos Montaño ya fueron puestos a disposición de la justicia estadounidense, cuyo sistema permite acortar las penas a cambio de mayor información.

Romero consideró ayer que las investigaciones que realizó la agencia de drogas de Estados Unidos (DEA) son “poco serias” si luego se ofrece dinero, a manera de recompensa, por mayor información. De este modo puso las manos al fuego por el exmandatario, pero planteó sus dudas sobre la “protección” al narcotráfico que pudo brindar la Policía Boliviana, precisamente, durante su gestión en el Ejecutivo.  “En nuestro caso, no van a encontrar pruebas ni buscando debajo de las piedras», desafió.

Desde que se conocieron los primeros reportes de la DEA sobre la organización de Dávila, ningún otro actor del MAS ni del Gobierno habían salido a expresar un respaldo tan contundente en favor de su líder, tal como lo señaló Romero. “Pido respeto para el expresidente Morales”, afirmó.

De hecho, el domingo, desde Chapare, fue el propio Morales quien aseguró que la DEA lo investigó varias veces sin hallarle vínculos con el narcotráfico. Los opositores dudan sobre esa versión por la naturaleza de la coca que se produce en Chapare.

Eduardo Gamarra, politólogo y profesor del departamento Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos, señaló ayer durante una conversación con esta redacción que el problema del narcotráfico en Bolivia pasa necesariamente por los centros de producción de coca. “En mi opinión, es más que evidente las relaciones fuertes entre el narcotráfico y diferentes gobiernos de Bolivia, pero particularmente el gobierno de Evo Morales”, afirmó. 

Desde Tarija, donde presentó el informe anual de rendición de cuentas,  Jaime Mamani, viceministro de Defensa Social, aseguró que «el modelo boliviano de lucha contra el narcotráfico» trajo consigo mejores resultados que los que dio DEA cuando estaba en el país. 

APUNTES

Cultivos
En Bolivia se pueden cultivar hasta 22.000 hectáreas de coca desde 2017. Hasta el momento, ese límite legal fue rebasado.

Modelo
El Gobierno presentó ayer en Tarija los resultados de la lucha contra las drogas de 2021. Aseguró que es más eficiente que la DEA de Estados Unidos.

Factores
Carlos Romero destacó la coordinación que se logró durante su gestión con otros gobiernos de la región. Afirmó que por «motivos ideológicos» el país no recibió apoyo de EEUU.

El Deber