Decreto exige a la banca destinar 6% de sus utilidades a la función social
El Gobierno nacional promulgó el decreto 4666 que establece que la banca múltiple y la banca pyme debe destinar el 6 por ciento de sus utilidades netas obtenidas en 2021 para la conformación de fondos de garantía. Analistas califican la medida como un “impuesto disfrazado” que puede generar desincentivos en la banca privada y hasta un encarecimiento de sus servicios.
La exigencia entra en vigencia una semana después de que el exvicepresidente del Estado Álvaro García Linera propuso una reforma tributaria consistente en un impuesto a la banca con la finalidad de redistribuir la riqueza.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que la medida obedece a la Ley 393 de Servicios Financieros que establece que las entidades de intermediación financiera destinarán anualmente un porcentaje de sus utilidades, el cual será definido mediante decreto, para fines de cumplimiento de su función social.
En ese contexto, la autoridad descartó que la medida se tratase de un nuevo impuesto, ya que se viene aplicando desde la gestión 2014, aunque se exceptuó en 2021 porque se había fijado la reprogramación y refinanciamiento de créditos bancarios.
Montenegro explicó que el cumplimiento de la función social del sistema financiero se materializa en la conformación de tres fondos: el fondo de garantía de créditos de vivienda de interés social, el fondo de garantía de créditos para el sector productivo y el fondo de capital semilla.
El Ministro indicó que el fortalecimiento de los fondos de garantía permite facilitar el acceso a créditos. A modo de ejemplo, dijo que una persona podrá obtener un crédito de vivienda de interés social sin tener la contraparte del 20 por ciento que normalmente era exigida por la banca; esto ocurre a partir del fortalecimiento del fondo de garantía de créditos de vivienda de interés social.
Sin embargo, la medida es cuestionada por algunos analistas. El economista Germán Molina afirmó que se genera un desincentivo en la banca privada a mediano plazo, puesto que los accionistas preferirán no esforzarse en obtener mayores utilidades porque será el Gobierno el que finalmente definirá en qué deben gastar cierto porcentaje de éstas.
Asimismo, Molina mencionó que la medida en cuestión demuestra que el Estado carece de recursos para mantener los fondos de garantía creados en la época de bonanza con recursos públicos, los cuales cayeron de manera paulatina desde 2014; en consecuencia, el Gobierno recurre a recursos del sector privado.
Por su parte, el economista Mauricio Ríos afirmó en su cuenta de Twitter que la medida es improvisada y desesperada, además que “se trata de una expropiación (robo) a los accionistas de la banca”.
“Demuestran que están dispuestos a hacerlo con cualquier otro que tenga recursos sobre la marcha”, dijo el especialista.
Agregó que una consecuencia de la medida será el encarecimiento de los servicios de la banca.
Utilidades llegan a $us 225 millones
Al 31 de diciembre de 2021, las utilidades netas del sistema financiero llegaron a 225 millones de dólares, incrementándose en 60 por ciento en comparación con la gestión 2020, cuando alcanzaron a 140 millones.
Según el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, el 6 por ciento de las utilidades netas destinadas a la función social del sistema financiero equivale a aproximadamente 12,8 millones de dólares.
La cifra es cuestionada por el economista Gonzalo Chávez, quien en sus redes sociales afirmó que los 12,8 millones de dólares no alcanzarían, por ejemplo, ni para pagar dos días de la planilla de la planta de urea y amoniaco.
Los Tiempos