“El año pasado, me enteré que el asesino de mi hija estaba paseando por las calles. Le conté a mi abogada y descubrió que él había salido de la cárcel por 24 horas porque supuestamente debía hacer un trámite”, contó María, mamá de una víctima de feminicidio.
No es el único caso. Según la presidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidios, Estela Quintana, muchos sentenciados por este delito grave gozan de este tipo de privilegios. Según la representante del sector, muchos tienen una serie de beneficios: el acceso a celular, las visitas conyugales o de trabajadoras sexuales y las salidas por las fiestas de fin de año, además de la detención domiciliaria y el permiso para salir a trabajar.
“Es absurdo que gente que mató tenga esos beneficios. Su sentencia dice claramente 30 años de prisión sin derecho a indulto (perdón)”, dijo Quintana, quien también es abogada y tía de Abigail, una joven de 18 años que fue asesinada por su expareja, Tadeo T. T., de 17 años en junio de 2019.
Según Quintana, los presos acceden a esas salidas “cortas” para supuestamente hacer algún trámite o para asistir “a una consulta médica” en caso de sufrir alguna enfermedad.
Además, luego de asistir a sus audiencias, algunos pasean con sus custodios y disfrutan de alguna comida favorita.
Tal es el caso del acusado del feminicidio de Jannet F., Eliot M., quien en septiembre de 2021 fue sorprendido sin manillas y comprando pizzas en un local de Ciudad Satélite de El Alto, mientras su custodio lo esperaba en la puerta del restaurante. El caso fue denunciado en las redes sociales. Por eso, casi de inmediato, otros policías llegaron al lugar y lo llevaron a su audiencia.
Para la abogada de la Fundación Voces Libres y asesora legal del Colectivo Mujeres de Fuego, Mercedes Cortez, otro de los privilegios que tienen los sentenciados por feminicidio y violación – al igual que el resto- es el acceso a un celular. “Pese a que hay una norma y se prohíbe el uso de celulares dentro de las cárceles, los privados de libertad siguen usando y delinquiendo por esa vía”, indicó.
De acuerdo con Cortez, un procesado por tentativa de feminicidio fugó de la cárcel de El Abra y se descubrió que planeó todo a través de su celular.
Ante esta situación, el colectivo solicitó a las autoridades la instalación de paraguas o antenas repetidoras en la cárcel para evitar el ingreso de señal. “No escucharon nuestra propuesta”, aseguró la activista.
Cortez explicó que los feminicidas reciben visitas todos los días. “Ahí dentro están mascando coca, juegan cartas y hacen su vida normal. Para nosotros, entran a la cárcel y están de vacaciones” dijo. “Estos sentenciados reciben un prediario por día”, añadió.
La jurista lamentó que esos agresores cuenten con esos beneficios dentro de las cárceles, mientras que las víctimas -los niños que quedaron huérfanos o las mujeres que sufrieron una tentativa de feminicidio- no tienen acceso a la salud gratuita y no tienen dinero para agilizar sus procesos judiciales.
“Las víctimas que sobrevivieron a los delitos buscan recursos para su tratamiento. Los acusados no son obligados a pagar porque de acuerdo con la norma, se presume la inocencia hasta que no tenga una sentencia ejecutoriada. La misma tarda en llegar entre cinco a seis años en todas sus instancias”, dijo.
Cortez indicó que “a nivel jurídico existe un bloque de normas, tratados, sentencias constitucionales y la propia Ley 1173 que beneficia a los agresores”. Agregó que este paquete jurídico “protege sus derechos por encima de los de las víctimas, permite que haya impunidad o que condenados a 30 años de prisión puedan gozar de libertad. Esta situación ocurre porque anularon el numeral seis del artículo 234 del Código de Procedimiento Penal. Además, con la Sentencia Constitucional 276/218 dan vía libre a todos los procesados por uno o 10 delitos para que no se puedan contar sus antecedentes u otras imputaciones para que sigan en la cárcel. “Eso está dilatando los casos y provocando detención domiciliaria”.
Quintana agregó que de acuerdo con la Ley 1173, muchos que están con detención preventiva por feminicidio o violación pueden acceder a una detención domiciliaria porque alegan que no hay pruebas suficientes. “Por eso, muchos salieron en libertad y los casos quedaron colgados”, explicó.
Aseguró que si los casos llegan a sentencia, los feminicidas y violadores tienen un plazo de 15 días para apelar. “Los jueces admiten y eso dilata la sentencia ejecutoriada, por lo que nunca entran a la cárcel”, agregó.
Ahora, según Quintana, los operadores de justicia dan libertad al agresor con certificados médicos que reportan supuestas enfermedades. Tal es el caso de Richard Choque, el asesino y violador serial que fue detenido hace una semana por doble feminicidio. Fue el exjuez Rafael Alcón, quien resolvió su libertad gracias a certificados médicos. Por este caso, hoy el juez, la trabajadora social, su ayudante, el médico y dos abogadas fueron detenidos y ya recibieron una medida sustitutiva.
El fiscal Johan Muñoz dijo que por este caso el Ministerio Público identificó un consorcio de jueces, médicos y abogados que ayudaban a salir de prisión a feminicidas y violadores con sentencia.
El exdirector de Régimen Penitenciario Ramiro Llanos indicó que en las cárceles los internos tienen una serie de beneficios.
“Vivimos en un sistema escrito, por eso vale todo lo que está escrito. El médico firma un certificado de convalecencia, el gobernador del penal da un certificado de buena conducta. Con ambos documentos el abogado va ante el juez, le dice que se porta bien y presenta los documentos. Con eso, el juez cubre su espalda y deja en libertad a la persona”, indicó.
Además, Llanos explicó que el juez es el único que puede autorizar salidas, cualquier otro permiso de este tipo es irregular, así como el ingreso de bebidas alcohólicas o de trabajadoras sexuales o mujeres que buscan a esos reos para tener intimidad.
Indicó que por lo general las personas que entran a la cárcel por cometer delitos de sangre son violentos y buscan convertirse en los líderes dentro del penal, por eso aparecen como delegados y al gozar de ese cargo tienen celdas más cómodas.
Ante esta situación, Llanos sugirió que los feminicidas cumplan sus condenas en un centro penitenciario especial, donde puedan trabajar y generar recursos para mantener a los niños que quedaron huérfanos.
Página Siete
