Periodistas de Santa Cruz denunciaron que los administradores de justicia buscan dar penas mínimas a los encapuchados armados que secuestraron y torturaron a una comitiva en Las Londras, Guarayos, luego que a uno de los principales cabecillas se lo liberó del delito de tentativa de homicidio. Sospechan que se busca dejar en impunidad el crimen y la extinción del caso.

Las reacciones surgen después de que el juez Roberto Cruz Hurtado dispuso el domingo la detención preventiva de Paulino Camacho, uno de los líderes de los encapuchados armados, pero lo benefició al quitarle el peso del delito más grave, en este caso: la tentativa de homicidio.
“El mensaje que nos da el señor juez es de que cualquier persona puede venir y apuntarte, dispararte, amedrentarte”, cuestionó Raquel Guerrero, abogada de los periodistas, quienes son las víctimas en este caso.
La decisión del juez hace entender que espera que las víctimas reciban un disparo en la cara o en alguna parte del cuerpo para considerar el delito de tentativa de homicidio; pero no sólo eso, el caso es tan grave, que debería investigarse por tentativa de asesinato, remarcó.
Dijo que Paulino Camacho fue identificado por las víctimas como el cabecilla de los encapuchados armados: apuntó con un arma a un periodista, disparó contra su cámara y fue parte del secuestro y abusos contra la comitiva integrada por policías, periodistas y civiles.
“Paulino, según el relato de las víctimas, es el más peligroso del grupo armado, el más agresivo”; pese a ese antecedente, lo favorecieron con liberarlo del delito más grave, señaló la jurista.
Acotó que la decisión del juez contradice a la primera resolución que emitió contra el primer detenido de este caso, Heber Sixto Canaza, a quien sí le mantuvo el delito de tentativa de homicidio y otros ilícitos.
Roberto Méndez, presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, fue más allá y dijo que Camacho no sólo encabezó a los encapuchados y apuntó con un arma a un trabajador de la prensa, sino tiene otros antecedentes graves.
Mencionó que durante el operativo policial que concluyó con la captura de Canaza en noviembre de 2021, Camacho huyó de la Policía cuando ya estaba enmanillado, intentó atropellar a un fiscal e hizo disparos contra vehículos. Dijo que hay fotografías y videos de todos esos hechos, pero no fueron valorados.
La abogada Guerrero explicó que eso de huir, atentar contra fiscales y disparar contra vehículos policiales, ameritaba que se abra otro proceso contra Paulino Camacho por tentativa de homicidio y atentados contra bienes públicos, pero no hubo denuncia ni se abrió de oficio ese caso.

Foto: Deredes.tv
Por su parte, el periodista Percy Suárez agradeció a Dios por seguir con vida e identificó a Camacho como el autor de apuntarle con un arma en Las Londras y de disparar a su cámara. Lamentó que con todos esos elementos no se lo procese por tentativa de homicidio.
“Me indigna que aparezcan estas personas como angelitos, que no hicieron nada, (pero) resulta que sucedió un hecho que lo llevo en carne propia”, manifestó la víctima.
Los periodistas consideran que hay una injerencia política en el caso, ya que los sindicados están vinculados a los Interculturales, una organización afín al partido de Gobierno.
Méndez indicó que sólo así se entiende que a Camacho se le haya liberado de un delito y le dieron detención preventiva por el lapso de 180 días en el penal de Okinawa, y no en una cárcel fuera de Santa Cruz, como se había solicitado, esto para que no entorpezca las investigaciones con sus influencias.
“Queremos denunciar el inicio de una estrategia de parte de movimientos externos, digámoslo así, porque el caso Londras sea extinguido o quieren la impunidad”, aseguró.
Indicó que hay varios elementos que apuntan a que se busca extinguir el caso con juicios abreviados para que a los sindicados les beneficien con penas leves. Anunció que seguirán impulsando esta causa porque lo único que se busca es justicia y que sean desarticulados estos encapuchados armados.
La abogada Guerrero informó que el caso sigue en investigación, resta aún la ejecución de cuatro órdenes de aprehensión y diligenciar 30 citaciones.
Página Siete