El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó ayer que la Comisión de Revisión de procesos por Violación y Feminicidio está investigando 135 casos de sentenciados que no estarían en prisión cumpliendo sus condenas ejecutoriadas en Bolivia.
Acotó que los reos “rematados” fueron condenados por feminicidio, asesinato, violación agravada y violación de infante, niño, niña o adolescente.
“Se está investigando las causas por las que estás personas sentenciadas no estarían dentro de las cárceles. El informe complementario lo daremos a conocer en las siguientes semanas”, manifestó durante una conferencia en Cochabamba.
Del Castillo dijo que el trabajo de la comisión permitió la detención de 23 personas, entre sentenciados por feminicidio, asesinato, violación y narcotráfico, y jueces, abogados y otros profesionales. “(Los condenados) habían sido liberados por una organización criminal conformada por jueces, abogados, trabajadores sociales, médicos y otros profesionales”.
El caso de Richard Choque Flores, asesino, feminicida y violador serial, despertó indignación y puso en la mira al sistema judicial. El hombre, de 32 años, estuvo recluido seis años, desde 2013, por el asesinato de la universitaria Blanca Rubí L., pero el exjuez Rafael Alcón, quien se encuentra preventivamente en la cárcel de San Pedro de La Paz, falló a su favor el 24 de diciembre de 2019 cuando ordenó su detención domiciliaria por 18 meses, pese a que el reo tenía sentencia condenatoria ejecutoriada de 30 años de privación de libertad. Apenas salió de prisión, creó un perfil en Facebook a nombre de Haide Mitzi Flores Alarcón y, desde esa cuenta, contactó a 77 mujeres, entre ellas dos adolescentes desaparecidas en mayo y agosto de 2021 que fueron halladas el pasado 24 de enero enterradas en la casa que ocupaba Choque, junto a su madre y su hermana, en la calle Rafael Pabón de la zona Ballivián de El Alto.
Su escalofriante historial conmocionó e indignó a toda Bolivia y develó una “red criminal” que implica a operadores de justicia. Por el caso, cayeron presos no solo dos familiares de Choque, sino un exjuez y sus excolaboradores, abogadas y un médico.
“Este caso permitió confirmar que había jueces, abogados, fiscales, personal médico, entre otros profesionales, corruptos (…). Si no se conformaba está comisión no tendríamos a jueces corruptos en las cárceles, quienes por unos cuantos pesos ponían en riesgo la vida de mujeres, niños y de toda la población”, dijo Del Castillo.
El 1 de febrero, el presidente Luis Arce instruyó la conformación de una comisión que revise todos los casos de sentenciados liberados y, para ese trabajo, tienen un plazo de 120 días. El Consejo de la Magistrarura intervino los 18 Juzgados de Ejecución Penal de toda Bolivia.
Redacción
