En el marco de la defensa de la democracia y la justicia en el país, la Asamblea de la Cruceñidad determinó un paro de 24 horas el viernes 4 de marzo.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz determinó rechazar las «abusivas y arbitrarias medidas cautelares dictadas contra el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo», y manifestó que la sociedad cruceña estará vigilante y alerta ante cualquier acción en su contra.
Así mismo, decidió exigir al Poder Ejecutivo que respete la independencia de poderes, condición esencial de la institucionalidad democrática y del estado de derecho; y que deje de interferir e inmiscuirse en la administración de justicia en el país. Declara personas no gratas en el departamento de Santa Cruz a los ministros de Gobierno Carlos Eduardo del Castillo; ministro de Obras Públicas, Edgar Montaña Rojas; y al ministro de Justicia lván Lima.
La resolución cívica también denuncia a la comunidad internacional que el gobierno de Luis Arce, ha instaurado presuntamente un régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica, mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión, manipulando al Ministerio Público y a los tribunales de justicia, a los que supuestamente los tiene sometidos.
«Para formalizar esta denuncia, el Comité pro Santa Cruz, en unidad y coordinación con los comités cívicos del país y con el concurso participativo de instituciones representativas de la sociedad civil, se activarán las gestiones y mecanismos pertinentes ante los órganos que correspondan».
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