La comisión Mixta de Constitución está conformada por 13 legisladores en total y el MAS tiene nueve parlamentarios allí, lo que le garantiza los dos tercios necesarios para seleccionar a los candidatos a Defensor del Pueblo, comunicó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Asamblea Legislativa logró acuerdo. La Constitución establece una mayoría de ⅔ de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa para elegir este cargo, el MAS tiene 9 de 13 Asambleístas en la Comisión Mixta y por ello la obligación de que este proceso sea exitoso”, escribió este martes el titular de Justicia, quien fue parte de los acuerdos del nuevo reglamento de selección del próximo Defensor del Pueblo.
Los artículos 2 y 16 del Reglamento de Selección del Defensor del Pueblo establecen que las decisiones que tome la Comisión Mixta de Constitución en el proceso de selección deben ser aprobadas “por al menos dos tercios de los miembros presentes” de esta instancia; los dos tercios requeridos son nueve legisladores, el número ideal que tiene el MAS.
La oposición había logrado en maratónicas reuniones que las decisiones de la comisión se aprueben por dos tercios en la comisión; el MAS había resistido esa propuesta porque dijeron que la Ley del Defensor del Pueblo y la Constitución Política del Estado (CPE) establecen los dos tercios solo para la elección en el pleno de la Asamblea; sin embargo, Lima se encargó de revelar que ellos tienen los votos suficientes para aprobar todo el proceso.
De acuerdo con la información que brindó el presidente de esta instancia legislativa, Rubén Gutiérrez Carrizo (MAS), este miércoles se publicará la convocatoria a todos los interesados en presentarse a esta selección y el jueves, la comisión empezaría a recibir las postulaciones.
Hasta el momento hay una docena de personas que ya mencionaron su intención de participar como candidatos; asimismo, hubo otros dirigentes que propusieron nombres de ex autoridades para ese cargo; este martes apareció un tercer grupo que intenta socializar la idea de cerrar o suprimir este cargo porque consideran que es innecesario para el Estado.
El Deber
