El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, llegó a La Paz en medio de la polémica por el escándalo de las 41 ambulancias fantasmas. En un contacto con la prensa, reconoció la existencia de un informe de la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre este caso, que señala indicios de responsabilidad en su contra, aunque consideró que se trata solo de “recomendaciones” para hacer seguimiento a los procesos penales.
“Nosotros hemos presentado absolutamente todos los informes a las instancias que corresponden y con seguridad vamos a seguir presentando la documentación que ellos requieren (…). Nosotros no tenemos ninguna relación con esta empresa, no vamos a recibir ninguna ambulancia, el tema de la Procuraduría son recomendaciones para hacer seguimiento a todos los procesos penales”, indicó el gobernador potosino.
El 31 de diciembre, un grupo de funcionarios de la Gobernación a cargo de Mamani avaló la recepción del lote de motorizados sin siquiera haber llegado al país. Estos vehículos arribaron hace algunos días a Chile.
El informe de la PGE señala: “Existen indicios evidentes de que pudiese existir responsabilidad de la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva, es decir, el Gobernador), el RPC (Responsable del Proceso de Contratación), los miembros de la comisión de evaluación de propuestas y de la comisión de recepción que suscribe como satisfactorio el proceso de invitación, evaluación y recepción”.
El documento además instruye a la Dirección Desconcentrada de la Departamental de Potosí de la PGE apersonarse a los procesos penales que se hubieran abierto por la adjudicación de las 41 ambulancias a la empresa Estefals Logistics.
También recomienda al Legislativo departamental proseguir con la fiscalización del contrato administrativo y que se inicien acciones contra todos los involucrados en el caso.
La investigación realizada por la Subprocuraduria de Asesoramiento, investigación y producción normativa determinó que el contrato de adquisición fue suscrito entre la empresa Estefals Logistics y el Gobernador Mamani, el 29 de noviembre de 2021.
Además, se indica que en fecha 31 de diciembre de 2021 se evidenció el giro de cuatro cheques que cubren el pagó total de la adquisición por 20,5 millones de bolivianos, pese a que para ese entonces no se recibió el lote de ambulancias y se subraya que este aspecto era de conocimiento de la máxima autoridad departamental.
“Se evidencia que se pretendía efectivizar el daño económico al Estado ya que se estaba pagando por la adquisición de las 41 ambulancias que en ningún momento fueron efectivamente recibidas por la Gobernación, aspecto que era conocido por el Gobernador de Potosí”, se lee en el informe.
De igual forma, se observa otros indicios de irregularidades, como la falta del NIT de la empresa Estefals Logistic o que no se haya invitado a la licitación a empresas que enviaron cotizaciones más bajas, entre otros.
Al respecto, la diputada de CC, Lissa Claros, exigió a la Fiscalía de Potosí imputar al gobernador potosino por la compra irregular de las 41 ambulancias.
“Nos sorprende de sobre manera que el Estado Boliviano dé tanta impunidad a esta autoridad, nos sorprende que no actúen”, expresó.
Un grupo de funcionarios es procesado por este caso, pero no Mamani.
Página Siete
