El Gobierno rechaza las conclusiones del Departamento de Estado de EEUU sobre los Derechos Humanos en Bolivia y califica como un acto de “intromisión”. El informe, entre otras vulneraciones, establece irregularidades en el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez y cuestiona los “abusos y arbitrariedades” que comete la administración justicia en el país.
El documento de EEUU hace referencia al caso Áñez y dice también que “el Gobierno no siempre respetó la ley”. Lamenta que la “detención preventiva sea la regla y no la excepción”.
“Bolivia hace un llamado a respetar la soberanía de los países y la autodeterminación de cada uno de ellos, por lo que rechaza categóricamente la intromisión de terceros países, así como el informe unilateral sobre los Derechos Humanos recientemente emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que realiza injerencia sin fundamento”, manifestó el vicecanciller del Estado, Freddy Mamani.
“Emite juicios de valor inapropiados por el proceso que enfrenta Jeanine Áñez Chávez en la justicia de nuestro país, por su participación en los hechos ocurridos en ocasión de la crisis política, a fines de 2019”, añadió el Viceministro de Relaciones Exteriores.
El escrito del Departamento de los EEUU dice además que “la Constitución establece que los presidentes en ejercicio y los expresidentes tienen derecho a un juicio político, no a un juicio penal normal, por actos cometidos en el cargo. Sin embargo, el Gobierno inició procesos penales regulares contra Áñez”.
Según la Cancillería, Bolivia responde sobre sus compromisos y responsabilidades con los derechos humanos ante instancias multilaterales como la ONU o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Además consideró que “es mínimamente cuestionable” que los informes de Estados Unidos “pretenden estar por encima de otros Estados y organismos internacionales como Naciones Unidas” cuando ese país no es signatario de tratados de derechos fundamentales.
Vulneraciones
El informe estadounidense añade otros problemas significativos de derechos humanos en el país: tortura y casos de trato o castigo cruel, inhumano o degradante por parte de funcionarios del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos o detenciones arbitrarias; serios problemas de independencia judicial; restricciones a la libertad de expresión, la prensa y otros medios, incluida la violencia contra los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado y la censura; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia contra la mujer.
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