Legisladores de oposición y los médicos indicaron que la sanción por recibir la vacuna anticovid sin cumplir el requisito de edad debe ser para Eva Liz Morales por abuso de poder. El Gobierno informó que este caso continúa en investigación, como en todas las denuncias.
“Lo que corresponde es que ella (Eva Liz) sea sancionada”, dijo la diputada de la oposición Luisa Nayar y aseguró que lo más correcto es que Eva Liz Morales sea destituida del cargo público que ocupa en la Procuraduría.
La legisladora dijo que “existe molestia por parte de la población” porque muchos ciudadanos esperaron el cumplimiento del plan de vacunación para recibir la vacuna. “Pero ella se saltó ese proceso y se fue a vacunar”, agregó.
Hace una semana se conoció que la hija del expresidente Evo Morales, Eva Liz, recibió la vacuna contra la Covid-19 el 24 de mayo sin cumplir el requisito de edad. En esa fecha, según el plan de inmunización que emitió el Ministerio de Salud, se tenían que inocular sólo las personas mayores de 50 años.
El Ministerio de Salud informó que la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social (Asuss) tendría que hacer seguimiento al caso, para conocer si la denuncia era verdadera. El martes, el representante de la Asuss, Javier Patiño, informó a Erbol que el director de salud de la Caja Bancaria Estatal, donde Eva Liz Morales recibió la dosis, fue destituido.
“Ha sido despedido”, dijo e indicó que esa “es una decisión que toma cada máxima autoridad ejecutiva”. “Lógicamente no estaremos mencionando nombres, nada, pero para que se demuestre que aquí no hay privilegios con nadie ni para nadie, es que se ha aplicado la sanción correspondiente”, precisó.
Esta decisión fue muy criticada. La senadora de la oposición Centa Rek dijo que esa sanción “es una barbaridad”, ya que el castigo debería recaer en autoridades más altas.
Rek afirmó que “un director no hace las cosas porque sí, sino por recomendación o porque hay personas que ejercen poder sobre él para obtener estos beneficios”. “Por lo tanto, no es correcto que sea él el sancionado”, agregó.
La legisladora apuntó que los que deben ser sancionados por esta causa son las autoridades del Ministerio de Salud. “El director no puede ser el que pague los platos rotos. Creo que encontraron un pretexto para sacar a esa autoridad de sus funciones”, sostuvo.
Ambas asambleístas coincidieron que debería ser sancionada la hija del expresidente “por abuso de poder”.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, indicó que en el caso de Eva Liz la persona que debería renunciar es el gerente de la Caja Bancaria. “Esta vacunación no es decisión de cualquier persona, el gerente general tuvo que tener conocimiento del tema y él por moral debería renunciar y no cortar la cabeza de alguien que no está involucrado en esta inmunización”, agregó.
Larrea dijo que con esta destitución se logró cortar la cabeza del “más débil” y por eso cuestionó: ¿por qué se quiere esconder los nombres? “Seguramente revisando se tendrá más gente vacunada afín o familiar del Gobierno, por lo tanto, no creo que haya moral en el Gobierno para que alguna autoridad renuncie por este hecho”, sostuvo.
El dirigente coincidió con las legisladoras al asegurar que Eva Liz también debería ser destituida, porque ella es funcionaria de la Procuraduría, un órgano “intachable” y la hija del expresidente no puede valerse del cargo para acceder a la vacuna.
“Por más funcionaria que sea, ella hizo uso y abuso del parentesco con el expresidente. Por lo tanto, si ella no renuncia, deberían destituirla del cargo”, insistió Larrea.
El viceministro de Defensa del Consumidor del Ministerio de Justicia, Jorge Silva, dijo que tanto este caso como las otras denuncias sobre personas que recibieron la vacuna sin respetar el plan nacional se deben someter a un proceso de investigación. “No basta con la destitución (del director)”, dijo.
Silva agregó que en el proceso “se debe determinar cuáles son los factores que provocaron este desorden de la vacuna y que se haya colocado a una o quizá a otras personas más que no estaban comprendidas en las edades establecidas”.
El viceministro resaltó que la investigación determinará quiénes son los responsables y cuál fue su participación en el caso. “Para nosotros, el primero es aquel a quien se le entregó la vacuna, ya que se le señaló entre qué edades se tenía que inmunizar”, agregó.
La autoridad aseguró que el proceso puede demorar porque cada una de las partes debe presentar descargos. Las sanciones son administrativas, económicas y penales.
En Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y La Paz se registraron hechos similares, pero con diferentes características. Algunos se vacunaron por presión de la persona, ya sea política, económica y hasta de grado, como el caso del capitán que presionó a la enfermera para beneficiarse con la vacuna, insistió Silva.
Página Siete
