Las principales confederaciones sindicales de Argentina se manifestaron ayer en Buenos Aires contra el alza de los precios, en una jornada en la que también marcharon los movimientos sociales que representan a los trabajadores informales y los desocupados.
Por primera vez desde que en diciembre de 2019 asumió el gobierno el presidente Alberto Fernández (centro-izquierda), de quien son aliados, los sindicatos decidieron marchar hasta la sede del Congreso para protestar por el alto costo de la vida en este país que registra uno de los índices de inflación más altos del mundo, con un acumulado de 46,2% de enero a julio.
Los sindicatos orientaron sus reclamos hacia el sector empresarial, al denunciar “la irresponsabilidad económica de los grandes formadores de precios que remarcan el valor de los productos esenciales para mejorar sus márgenes de ganancia”, según el documento que presentaron.
También apuntaron contra “la especulación financiera que busca una devaluación que sólo favorece a los grupos económicos concentrados y empobrece a la gran mayoría de los argentinos”. Con una inflación que se proyecta en 90% para este año, muchos trabajadores en Argentina se encuentran con que pese a tener un empleo formal sus salarios están por debajo del valor de la canasta básica, que marca el límite de la pobreza.
Un 37% de la población argentina vivía en la pobreza en 2021.
Paralelamente a esa manifestación, las organizaciones sociales de izquierda, cada vez más enfrentadas al gobierno, se movilizaron a Plaza de Mayo.
Los movimientos sociales reclaman más ayudas estatales, y han planteado la aprobación de un ingreso básico universal, en momentos en que el gobierno debe reducir el déficit fiscal, en consonancia con un acuerdo con el FMI por unos 44.000 millones de dólares.
Alza de tarifas
El Gobierno de Argentina anunció la noche del martes la eliminación de subsidios en las facturas de los servicios de gas, electricidad y agua, en línea con las necesidades de ordenamiento fiscal que requiere el país, que se aplicará en forma escalonada y según los niveles de ingreso y consumo.
Según el diario La Nación para los beneficiarios de la tarifa social, no habrá subas de tarifas y tampoco tendrán topes de consumo, mientras que los usuarios de ingresos medios tendrán subsidios sobre un consumo establecido, pero lo perderán sobre el excedente. Con respecto al agua, el incremento para los usuarios de Aysa estará segmentado por ubicación geográfica.
La Secretaría de Energía solo brindó ejemplos acerca de cuánto variará la factura sin impuestos (que representan alrededor de un 25% extra) luego del primer aumento de los tres para los usuarios que consuman 300 kwh por mes en electricidad.
Los usuarios con ingresos medios recibirán subsidios hasta un nivel de consumo de 400 kwh por mes; para aquellas localidades que no cuenten con gas natural por redes, el tope se incrementa a 550 kwh. Sobre el excedente de esos consumos, habrá incrementos en torno al 190%.
Las tarifas de gas también tendrán distintos aumentos, que dependerán de la categoría segmentada en la cual haya ingresado el hogar, según su nivel de ingreso, según La Nación.
Para los beneficiarios de tarifa social no habrá más subas de tarifas y tampoco habrá un tope de consumo.
La suba final de la tarifa sería en torno al 85%, según estimaciones privadas.
En el caso del agua todos los usuarios de Aysa tendrán un aumento de tarifa de 10% a partir del consumo de octubre. Luego, en noviembre, se aplicarán los incrementos segmentados por lugar de residencia
Para aquellos hogares que residan en una zona considerada de ingresos altos (como el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires), habrá aumentos de 150% a partir del consumo de noviembre y perderán definitivamente los subsidios.
Ahorro fiscal
Ajuste El ahorro fiscal para 2022 en materia de energía eléctrica y gas será de 47.500 millones de pesos (350 millones de dólares), que anualizado se estimó en 455 mil millones de pesos (3.360 millones de dólares), según indicó la secretaria de Energía, Flavia Royón, en una rueda de prensa.
Agua El ahorro que lo-gra el fisco por la eliminación del subsidio en la factura de agua será de 2.000 millones de pesos en 2022 (14 millones de dólares) y de 45.000 millones de pesos (332 millones de dólares) en 2023, según indicó la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Malena Galmarini. Hacienda espera un impacto de 0,4% a 0,5% del PIB en 2023 que puede ser crucial.
EFE
