El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y el exmilitar y abogado Jorge Santistevan pidieron ayer a las autoridades liberar a los tres jóvenes miembros de la Resistencia Civil La Paz, detenidos desde hace un mes. El excoronel del Ejército advirtió, además, que los grupos militares y policiales infiltrados en la sociedad civil son un peligro para la paz y la seguridad.
Ayer, Página Siete relató el drama de los tres jóvenes de la Resistencia Civil La Paz, Mauricio A. Bruzzone Herrera, Rodolfo A. Rodríguez y Ricky Freese Rodríguez, que están detenidos hace un mes en la cárcel de San Pedro y cuyo caso destapó la existencia de cuatro militares que se infiltraron en esa organización durante más de seis meses.
“Nosotros pedimos la liberación de los jóvenes. (…) Han habido dos excesos en su detención, uno es que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha utilizado las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para perseguir políticamente a grupos opositores y lo segundo que ha hecho es vulnerar el Código de Procedimiento Penal al presentarlos físicamente sin la autorización de los individuos, como delincuentes”, expresó el activista Manuel Morales, integrante del Conade.
Morales, además, explicó que el lunes pasado el Conade, en representación de 20 organizaciones, presentó el caso de los tres jóvenes al responsable de la mesa de seguimiento de las recomendaciones del informe del GIEI, Bruce Barnaby, junto con pruebas, testimonios y otros detalles del proceso.
“Hemos dejado en claro en nuestra exposición que el ministro Del Castillo ha utilizado las recomendaciones del GIEI para perseguir políticamente a grupos de la sociedad civil, a pesar de que esto está prohibido. Hay este agravante y nosotros hemos hecho notar que en Bolivia se utilizan los informes de la CIDH para la represión, en ningún otro país, ni siquiera en Nicaragua, se atreven a hacer eso”, agregó Morales.
Por su parte, el excoronel del Ejército y abogado Jorge Santistevan indicó que los tres jóvenes deben ser liberados al no existir indicios de su participación en actos subversivos.
“Deben ser inmediatamente liberados, de otra manera se estarían vulnerando las leyes del Estado en vigencia”.
Infiltrados son un peligro
Santistevan señaló que no hay leyes que especifiquen la labor de grupos de Inteligencia infiltrados en organizaciones de la sociedad civil, éstos pueden operar en caso de que la libertad y soberanía del Estado esté en riesgo.
Sin embargo, advirtió que cuando estos grupos militares o policiales actúan bajo intereses político partidarios, su misión se degrada y se distorsiona, convirtiéndose en un peligro para la seguridad y paz en la sociedad.
“Lo grave es como se está encarando este trabajo de Inteligencia, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía. Todo mando, para granjearse puntos a favor con el Gobierno, pretende y presenta planes al Ejecutivo y principalmente al presidente del Estado de manera directa con actividades que sobrepasan los límites permisibles por las leyes.
En este caso, las autoridades de gobierno entran en un juego de una planificación arbitraria e ilegal y planifican actividades de inteligencia y contrainteligencia en el ámbito subversivo y contrasubversivo contra manifestaciones pacíficas y legítimas, sin considerar que su accionar está protegido por la Constitucion y las leyes”, explicó el exmilitar.
El excoronel agregó que estos elementos infiltrados tratan de subvertir el orden para responsabilizar de actos ilegales a movimientos pacíficos y constitucionales.
“El ámbito más afectado es el de los jóvenes que lideran plataformas, políticos considerados como amenaza para el poder. Los infiltrados son un peligro para la paz y la tranquilidad, sobre todo de las libertades que tienen los ciudadanos, las garantías que debe dar el Estado, prácticamente no existen para nadie”, expresó Santistevan.
Apoyo de la Apdhb
Detención La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, informó que con eso se demostró que la detención de los tres jóvenes fue armada. “Estamos en un momento muy difícil porque han sido detenidos por manifestarse. La protesta es un derecho constitucional”, dijo.
Apoyo Carvajal anunció que no abandonará a los tres jóvenes que fueron enviados con detención preventiva, por tres meses, al penal de San Pedro, imputados por porte ilegal de explosivos, en relación con los petardos con los que supuestamente fueron encontrados, además de vinagre mezclado con bicarbonato y unas piedras.
Página Siete
