Javier Iturralde es el CEO de Oxsa SRL, una empresa que forma parte del grupo Bolivian Industrial Tecnology, el cual presentó un proyecto para producir diésel en Bolivia a partir de residuos, mismo que permitiría reducir de 6 bolivianos a 20 centavos la subvención que hace el Estado a cada litro de diésel. El proyecto fue rechazado en Bolivia; Paraguay lo recibió con los brazos abiertos, por lo que la planta será exportada al vecino país.
—¿Cómo surge el proyecto?
—Surge hace varios años como una idea alternativa ante el fracaso que se tuvo con Lliquimuni en el departamento de La Paz, con los pozos que se perforaron para ver si había petróleo o gas. Yo soy amante de mi departamento, soy amante de Bolivia, y me frustró este tema. Ya estaba metido con temas de industria, ya soy empresario desde hace mucho tiempo, y esta frustración me llevó a ver alternativas para el desarrollo del departamento. Investigué un poco más sobre este tema, que era un proceso que ya existe hace más de 100 años, pero que no se le había dado la debida importancia.
Basándonos en esta tecnología hicimos un muy buen equipo multidisciplinario entre bolivianos y extranjeros para trabajar dentro del país. Se tuvo un gran resultado, que es el hecho de que podemos producir mediante nuestra tecnología diésel de alta calidad mediante llantas, aceite usado de motor y plásticos.
Este diésel no lo estamos produciendo en el país porque no nos permiten poner las plantas. Estamos fabricando una planta con nuestra tecnología aquí en Bolivia y vamos a exportar esta planta a Paraguay, allá es donde vamos a producir este diésel.
Nosotros, como empresarios, estamos viendo otras alternativas, y lo irónico es que afuera ganamos más que aquí, en el país donde estaríamos haciendo un aporte muy significativo en tema económico, pero todavía no nos permiten poner las plantas.
—¿Qué sensación deja esta negativa pese a que el país necesita más diésel?
—Frustración, por supuesto, y además incertidumbre innecesaria, porque nosotros ponemos una planta de 81 mil litros al año en cuestión de seis meses. Nosotros estaríamos abriendo seis de estas plantas y estamos seguros de que con el know how que vamos a adquirir en tres años podríamos estar abriendo 25 plantas que cubriría el 100 por ciento de las importaciones de diésel que tiene el país. Entonces por supuesto es una frustración como empresarios, frustración como bolivianos, frustración como paceños.
—¿El estatismo es el problema? ¿O con qué tipo de barreras se han encontrado en el camino?
—Sí, evidentemente es la base (el estatismo), pero también es falta de voluntad política. Tenemos ahí el etanol que está siendo producido por privados y se está comprando por YPFB. Se le ha dado toda la normativa y todo el respaldo jurídico para que puedan producir y vender. Nosotros hemos planteado una figura similar, que nosotros vendamos al Estado y el Estado distribuye. A pesar de que ya hay antecedentes como el etanol, no se nos ha permitido.
Nosotros, como Bolivia, podemos lograr autoabastecernos de combustible, pero es un tema de voluntad política porque es mejor combustible, mejor precio, se pierde menos divisas para el país y por supuesto se genera mucha mano de obra, además es favorable en temas de medioambiente, o sea, todo es positivo.
—¿Hubo acercamiento con autoridades del sector?
—Sí. Se les ha presentado inclusive un borrador de ley porque nos hemos reunido desde marzo del año pasado. Han ido a visitar la planta piloto; vino el presidente de la Cámara de Diputados, han venido ministros y viceministros del área de hidrocarburos y medio ambiente; gente de YPFB y la ANH, hemos tenido varias reuniones, pero nunca nos dijeron algo concreto.
—¿Cree que el Gobierno sintió que su proyecto de biodiésel estuvo amenazado?
—Tal vez por una falta de visión, pero es una especulación decir que puede ver o no ver amenazado. Pero la respuesta es clara porque podemos sumar y podemos vender a precios más altos al exterior, entonces más bien nos conviene sumar. Nosotros tenemos la capacidad de vender a 3,72 bolivianos el litro en el país.
—Si tienen la capacidad de vender a 3,72 bolivianos el litro de diésel, ¿el Estado ya no tendría que destinar recursos al subsidio?
—Sí. O sea, nosotros lo venderíamos a 3.72 bolivianos, no es que nuestro costo de producción sea 3,72 bolivianos. El Estado sólo tendría que gestionar 20 centavos para el tema del transporte.
El único costo que tendría que hacer YPFB es llevar el combustible a los lugares que están algo alejados. La subvención es en el sentido de transporte, pero son centavos a comparación de los millones de dólares que estamos subvencionando en la actualidad.
Sin embargo, en las plantas que vamos a poner al exterior vamos a manejarlas con un enfoque 100 por ciento empresarial donde vamos a vender al mayor precio posible, pero en Bolivia hemos decidido hacer un aporte social.
—¿Qué beneficios han encontrado en Paraguay en comparación con Bolivia?
—Es como haber estado en una relación con una mujer tóxica y de repente viene una mujer que te trata una belleza. En menos de un mes, me he reunido con autoridades como el Viceministro de Industria y Comercio, me he reunido con el Viceministro de Energía y Minería; me han derivado al director de una institución que capta inversiones extranjeras y en cuestión de dos días han hecho un equipo entre los técnicos y han analizado cómo podría introducirse la industria en ese país empezar a vender y que todo sea viable. Nos están haciendo un trámite para que la maquinaria que vamos a importar no pague impuestos porque es maquinaria industrial y nos han puesto en una lista de empresas prioritarias para invertir en Paraguay, o sea, nos han abierto las puertas; todo lo contrario a nuestro país.
—¿Cuál es la inversión prevista para la planta que se exportará a Paraguay?
—Entre el terreno, la planta y toda la obra civil, son aproximadamente 450 mil dólares. Ésa es una planta mediana con una capacidad de producción de 5 mil litros al día. Después de que eso funcione, estamos viendo y tenemos carta de intenciones para construir plantas con 280 millones de dólares.
—La planta de biodiésel que construirá YPFB tendrá un costo de 387,5 millones de dólares, ¿por qué hay tanta diferencia?
—Esto surge porque tenemos una tecnología que es nuestra; en cambio ellos (YPFB) están comprando tecnología del extranjero. Literalmente las tecnologías extranjeras las traen mucho más caras.
Sólo una comparación: nosotros, para poner 25 plantas en el país, necesitamos 280 millones de dólares aproximadamente y con esa cantidad nosotros podemos producir 2 mil millones de litros de diésel al año, es decir, todo lo que se está importando, entonces, la diferencia es abismal, pero, insisto, no se trata solamente de eso, se puede sumar.
—Hay críticas al proyecto estatal. ¿Comparte la opinión de que puede llegar a ser otro elefante blanco?
—Deja mucho que pensar, no puedo afirmar. El tema de plantas estatales, hablando genéricamente en el mundo, se ha demostrado que lo estatal normalmente es ineficiente o no funciona. Es posible que pueda haber ese tipo de intereses.
Flexibilidad en la carga impositiva
La carga impositiva en Paraguay es uno de los factores que motivan a las empresas bolivianas a trasladar sus capitales a ese país. Según Javier Iturralde, miembro del grupo Bolivian Industrial Tecnology, el pago del IVA, así como del IUE, es del 10 por ciento; en Bolivia, la alícuota es del 13 y 25 por ciento, respectivamente.
También mencionó que en Paraguay, cuando se importa una maquinaria destinada a las operaciones industriales, se paga el impuesto de internación y, a partir de los 10 años posteriores, recién se paga el impuesto.
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