No hay un freno a los asentamientos ilegales en las áreas protegidas del oriente boliviano. Los comunarios ven cómo sus territorios son vulnerados por personas que llegan de otras zonas. En Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio de Velasco, observan un fondo político tras el silencio de algunas entidades del Estado.
Son siete comunidades no originarias las que se han instalado dentro del área Bajo Paraguá, asegura Moisés Salces, exalcalde de San Ignacio de Velasco. La exautoridad detalla que estas comunidades invadieron la zona y ahora no hay presencia humana, lo que confirma, según el exfuncionario municipal, que existe un interés de traficar la tierra con un trasfondo político.
San Ignacio de Velasco está hoy en pie de lucha para defender el Bajo Paraguá. Su líder cívico, Dino Franco, resalta que se emitieron votos resolutivos para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) ingrese al lugar y verifique los asentamientos humanos en el área. El dirigente dice que hasta la fecha no tuvieron respuesta.
“Estamos atentos a lo que pasa y no permitiremos más asentamientos en nuestra área protegida. No queremos que la política dañe nuestras zonas. Los que tienen avales políticos ingresan a una casa ajena para destrozarla”, exclama el líder cívico.about:blank
Posición de políticos
Ruddy Dorado es alcalde de San Ignacio de Velasco desde hace dos meses. Una de sus primeras acciones fue ingresar al sitio de los avasallamientos en la zona protegida de Bajo Paraguá. El burgomaestre comprobó la situación del área natural y pidió a las autoridades nacionales que desalojen a los invasores que se han instalado en varios puntos del área.
“Quiero decirle que asumo el compromiso como alcalde (de San Ignacio de Velasco) en la defensa del medio ambiente y estamos en contra de los avasallamientos”, resalta Dorado.
El problema del área protegida de Bajo Paraguá tuvo tal resonancia que hoy se discute en los pasillos de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La diputada María René Álvarez, de la alianza Creemos, señala que ninguna autoridad les respondió “sobre el ingreso ilegal de asentamientos humanos y la construcción de brechas y caminos que se hicieron” y añadió que hicieron una inspección al lugar y mandaron peticiones al INRA, pero que “hasta el día de hoy el problema no ha sido resuelto ni respondido”.
En el MAS admiten que existen los problemas de avasallamientos, pero no lo vinculan con sus militantes, sino con dirigentes de algunas organizaciones campesinas. “Sabemos que hay cuestionamientos sobre tráfico de la tierra, [sobre] otros compañeros que conforman comunidades y luego venden la tierra, pero no nos metemos en eso del tráfico. Haremos una solicitud para detectar estos casos”, afirmó la senadora María Muñoz Rodríguez.
Ciriaco Umaña es dirigente de la Central Sindical de Trabajadores de la Comunidad San Martín, una de las organizaciones denunciadas por estar involucrada en las invasiones. El dirigente, que no es nativo de la zona, prefirió no dialogar sobre el tema.
El Deber
