El Comité Interinstitucional cerró la puerta al diálogo sobre el Censo de Población y Vivienda y se enfoca a preparar el paro indefinido desde el 22 de octubre, que, para los analistas Franklin Pareja y Marcelo Silva, es insostenible, además advierten que Santa Cruz perdió “aliados estratégicos”.
Amparado en el respaldo del cabildo del 30 de septiembre, la dirigencia del Comité, entre ellos el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, exige que se abrogue el Decreto Supremo 4760 que reprogramó el Censo para el primer semestre de 2024 antes de instalar cualquier mesa de diálogo.
De su lado, el Gobierno nacional responsabiliza a la dirigencia del Comité de haber rehuido el diálogo al no acudir a la instalación de la mesa técnica que se hizo en Santa Cruz el 11 de octubre, con la presencia de expertos internacional, y persistir en su negativa de explicar su propuesta para realizar el proceso censal en 2023.
En medio de estas posturas encontradas, el empresariado cruceño, además de varios sectores de la sociedad, el alcalde de la capital Jhonny Fernández y la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), expresaron su rechazo al paro y anunciaron que no se sumarán a la medida que se iniciaría el 22 de octubre.
Manfredo Bravo, integrante del Comité, admitió que hay sectores en disidencia que él las definió como “problemas con sectores de los gremiales y los transportistas”.
Sobre ese escenario casi definido, el analista Franklin Pareja, dijo que “no es recomendable ir a una medida extrema porque todos van a perder, además que una medida como el paro indefinido, para empezar, es insostenible”.
Argumentó que este paro “sofoca y ahoga principalmente a instituciones y empresas que no tienen la musculatura para resistir mucho tiempo”.
En tanto, Silva dijo que, en el camino a este paro, la dirigencia del Comité cruceño “perdió aliados estratégicos en el ámbito de su reclamo” de realizar el Censo nacional en 2023.
Mientras que Pareja advirtió que Santa Cruz “no podrá” mantener la movilización de forma independiente.
Esta cuasi soledad en la que avanza la dirigencia del Comité, sería efecto, también, de la actitud radicalizada del gobernador Luis Fernando Camacho, quien el pasado fin de semana llamó “vendidos” a sus similares de La Paz, Pando, Beni, Cochabamba, Chuquisaca, Oruro, Potosí y Tarija porque acudieron a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías de julio en la que se definió reprogramar el Censo para el 2024.
El gobernador de Tarija, Oscar Montes, indicó que su similar comete “exabruptos” que “nadie se lo va a permitir” y que por ello se va quedando sólo en el contexto nacional.
“Pero está claro –dijo– que (el gobernador Camacho) no está ganando ningún aliado y lo que está haciendo es ponerse solo frente a todos”.
En tanto, el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, rechazó los adjetivos de Camacho, y afirmó que “en el país no podemos ser sometidos a un solo departamento”.
Para Pareja, esta movilización de la dirigencia cruceña tiene de trasfondo “una lucha por el poder político”. “Es un poder que Santa Cruz reclama, Santa Cruz ya tiene el poder económico y reclama una cuota de mayor poder político y eso es lo que no se le quiere dar desde el occidente”, opinó en No Mentirás.
En la antesala de esa medida, el Bloque Oriente, que integra a varias organizaciones sociales del departamento de Santa Cruz, convocó a una marcha para el 21 de octubre con el fin de rechazar el paro promovido por el Comité.
Se prevé una concentración en la plaza del Chiriguano, donde aprobarían una resolución en contra del paro que es alentado por el Comité Pro Santa Cruz, entidad que en 2019 fue parte de las movilizaciones que llevaron a la ruptura constitucional.
ABI
