Perú: Castillo busca anular denuncia de la Fiscalía
El presidente peruano, Pedro Castillo, presentó ayer ante la Corte Suprema un recurso para anular la denuncia constitucional que presentó ante el Congreso la Fiscalía de la Nación (general) contra el mandatario por presuntamente encabezar una organización criminal.
“Presentada la tutela de derechos en defensa del presidente Castillo apara anular la denuncia constitucional de la FN (Fiscalía de la Nación)”, escribió en Twitter el abogado defensor del gobernante, Benji Espinoza.
El recurso busca anular la denuncia que el Ministerio Público presentó ante el Congreso el pasado martes contra Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravada y colusión (fraude) y que, según la defensa del presidente, es “inconstitucional” y forma parte de una estrategia de golpe de Estado.
El documento, difundido por Espinoza en la misma red social, solicita al juez supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema que adopte la medida “por afectación a la garantía y derecho de la tutela jurisdiccional efectiva”.
El recurso pretende invalidar la denuncia constitucional que la fiscal general, Patricia Benavides, presentó en el Parlamento contra Castillo por un caso en el que también están implicados varios exministros de su Gobierno y miembros de su entorno familiar por supuestamente integrar una red corrupta para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas”.
Este hecho dejó en manos del Legislativo el destino de la acusación contra el gobernante, que ha sido investigado en seis supuestos casos de corrupción desde que inició sus gestión.
Los argumentos
Defensa • El artículo 117 de la Constitución peruana establece que el presidente solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por cuatro casos: traición a la patria o impedir las elecciones, pero no por delitos de corrupción.
Causa• En la denuncia, la fiscal Benavides plantea recurrir al artículo 30 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, alegando que es un tratado vigente de derechos humanos, obligatorio para el Estado peruano.
EFE