Añez se acoge al derecho al silencio en audiencia del caso Senkata-Sacaba

La expresidenta interina Jeanine Añez se acogió este viernes a su derecho al silencio, durante la audiencia sobre el caso Senkata y Sacaba. La exautoridad compareció de forma virtual desde el penal de Miraflores, en La Paz, donde encuentra recluida desde el pasado marzo. 

«El día de hoy se tenía programada una audiencia de declaración informativa de la ciudadana Jeanine Añez dentro del proceso con privilegio constitucional que lleva adelante el Ministerio Público en contra de la misma. (…) (La exmandataria) ha hecho uso del derecho constitucional de abstenerse a prestar su declaración informativa por lo que hemos dado por concluido este actuado procesal», afirmó el fiscal superior de Sucre, Gonzalo Aparicio, en declaraciones recogidas por Radio Éxito. 

A través de un comunicado, que más tarde fue publicado en sus redes sociales, la exmandataria afirmó que ella es «una persona de fe», por lo que no emitió órdenes que pudieran acabar con la vida de alguna persona, y que fueron «otros» los que generaron violencia. 

«Me voy a abstener a declarar. En su momento voy a ampliar mi declaración. Sin embargo, quiero decir que soy una persona de fe, que no ordeno la muerte de ninguna persona, ni en Sacaba, ni en Senkata, ni en Montero. Por el contrario, sabemos a estas alturas que ha sido otra persona la que quería incendiar y cercar La Paz», manifestó Añez. «Estoy cansada de tanta manipulación de la justicia y de tantas mentiras que se dicen en mi contra. Fue otra persona la que ordenó quemar muchos domicilios en esta ciudad y los Pumakataris. Otros, generaron la violencia». 

La Fiscalía General del Estado anunció el pasado lunes que admitió la proposición acusatoria contra la expresidenta, por los hechos de violencia de Sacaba y Senkata, en 2019. En concreto se la acusa de delitos de genocidio, lesiones graves y leves y lesiones seguidas de muerte. 

La proposición acusatoria en contra de la exmandataria deberá ser fundamentada por la Fiscalía en un juicio que debe ser aprobado por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). 

Según los datos de la denuncia, a raíz de los hechos violentos registrados en el país en 2019,  37 personas perdieron la vida, 27 por impacto de bala.

Página Siete

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