Una encuesta realizada por Diagnosis relevó que el 63 por ciento de la población considera que habrá corrupción en el manejo de los aportes de los trabajadores para su jubilación en la Gestora Pública, mientras que el 52 por ciento prefiere que esos recursos sean administrados por una entidad privada.
La encuesta, realizada el 15 y 16 de octubre a 1.800 personas, entre hombres y mujeres de los nueve departamentos, refleja que ni siquiera los sectores sociales afines al Gobierno actual creen en la idoneidad de la Gestora Pública para garantizar una jubilación digna.
Ante la consulta respecto a si habrá o no corrupción en las actividades de la Gestora, el 42 por ciento respondió que habrá mucha corrupción, mientras que el 21 por ciento cree que habrá algo de corrupción. El 23 por ciento considera que “más o menos” habrá corrupción; el 9 por ciento cree que “casi nada” y el 5 por ciento, “nada”.
En este contexto, se consultó a los encuestados sobre cuál es la mejor alternativa para la administración de los aportes de los trabajadores, si la Gestora Pública o una entidad privada. Sólo el 26 por ciento se inclina por la entidad estatal, el 22 por ciento no sabe o no responde y el 52 por ciento prefiere una entidad privada.
Por clase social, la mayoría de los encuestados de clase baja, media y media típica prefieren que los aportes de los trabajadores sean administrados por una entidad privada y no por la Gestora.
En este contexto, el estudio de Diagnosis, en la parte conclusiva, menciona que el reducido porcentaje de personas que apoya la labor de la Gestora se mantiene incluso en las clases bajas del occidente del país que apoyan al Gobierno de Luis Arce.
“En estos sectores hay un importante porcentaje de personas que no se pronuncian frente a este tema, que no expresan su preferencia por la administración pública”, dice el estudio.
También menciona que el apoyo a la administración privada de los aportes de los trabajadores se incrementa en las clases medias del oriente, opositoras al Gobierno de Arce.
Alertan riesgos
El rechazo mayoritario a la labor de la Gestora que refleja la encuesta también es ratificado por especialistas en asuntos laborales. El exinvestigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), Bruno Rojas, dijo que hay varios riesgos en este traspaso de la administración de los recursos, el mayor de ellos es que la Gestora se convierta en la caja chica y grande del Estado, ya que la economía está en déficit.
Además, Rojas considera que con el uso de estos recursos, hay riesgo de que las ganancias sean destinadas al pago de bonos sociales y no a mejorar las rentas de los jubilados; esto porque la Gestora es una empresa estratégica.
Gestora socializa su labor con la UPEA
La Gestora Pública socializó con el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) la administración de los aportes de los asegurados para la jubilación.
“En el marco de la política de transparencia e información, se dio continuidad a los talleres de socialización. El gerente general de la Gestora, Jaime Durán, se reunió con el Sindicato de Traba-jadores Administrativos de la UPEA en el auditorio Akapana”, informó la entidad en Facebook.
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