La Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP) eligió este miércoles a Dora Flores como gobernadora interina para que Jhonny Mamani realice un viaje de tres días a la ciudad de La Paz. Esto, pese a que el gobernador tiene detención domiciliaria y arraigo por el caso de las 41 ambulancias fantasmas.
Según se dio lectura durante la sesión, Mamani dijo tener que viajar a La Paz para reunirse con el presidente Luis Arce y otros ministerios “para tratar temas concernientes a los actos cívicos conmemorativos por el 10 de noviembre”.
La solicitud generó el rechazo de algunos asambleístas al considerar que no se adjuntó una autorización del tribunal para el viaje. Varios de ellos expresaron duda sobre si se le podía otorgar el permiso al gobernador y se negaron a emitir un voto.
“Conforme a la lectura de los antecedentes, entiendo de que no se han cumplido todos los pasos legales a efectos de que el gobernador pueda ausentarse de la ciudad de Potosí. Con la finalidad de que conste en acta, quien habla no va a dar la autorización o no va a votar porque entiende que es ilegal la autorización solicitada por el señor gobernador”, manifestó Jaime Flores en sesión.
En respuesta, se le dijo que la petición “es legal” y que “si se entiende o no se entiende si está cumpliendo o no está cumpliendo con todas las premisas en la resolución, es completamente responsabilidad de la primera autoridad del departamento”. “Esta no es una sala de debate, nosotros somos fiscalizadores, no somos jueces”, manifestó la vicepresidenta.
La intensión de la asamblea fue denunciada en la víspera por la asambleísta Azucena Fuertes, quien cuestionó si el derecho al trabajo implica viajes fuera del lugar fijado para detención domiciliaria.
“Acabo de recibir la notificación de la sesión de la Asamblea para mañana (hoy), estoy tratando de ver qué es lo que pasó y estoy viendo incluso nuevamente el video de la audiencia cautelar, quiero entender qué está pasando”, señaló anoche Fuertes a Página Siete.
Paralelamente publicó en las redes sociales que encontró casos similares en los cuales no se les permitió desplazarse del lugar. “Caso de Sabina Cuellar, ex prefecta de Chuquisaca, a quien no dejaban viajar ni a Huacareta para recoger ají y poder venderlo; caso de la restricción de horas de trabajo en el caso del actual gobernador de La Paz”, publicó.
En 3 octubre, casi nueve meses después de que se conociera la denuncia de la compra irregular de 41 ambulancias por parte de la Gobernación de Potosí, el juez cautelar segundo dispuso detención domiciliaria con derecho a trabajo para el gobernador Mamani y cinco colaboradores.
En esa ocasión, el juez Homero Cardozo decidió, además, para los acusados medidas sustitutivas, detención domiciliaria, arraigo, firma de cuaderno de asistencia todos los lunes en el Ministerio Público y presentación de dos garantes.
El caso de las 41 ambulancias fue revelado en febrero, pero en diciembre de 2021 se conoció que la Gobernación las adquirió de forma directa y sin procesos de licitación. El caso estalló cuando se conoció que el Gobierno Departamental de Potosí nunca recibió los motorizados que además eran usados.
Página Siete
