La jueza Ximena Flores suspendió este lunes las dos audiencias cautelares programadas para los 17 aprehendidos durante los conflictos en Santa Cruz la semana pasada. La decisión sigue una primera suspensión el día de ayer y se tomó tras presentarse un informe de inteligencia en el que constaba que no habían “garantías” para llevar a cabo las audiencias.
“Vino el secretario, nos hicieron pasar a los abogados y nos informan, después de una lectura de un informe de inteligencia, que no estarían dadas las condiciones para llevar a cabo la audiencia. Se determinó suspender la misma para el día de mañana a las 8:00 y a las 9:30”, manifestó el abogado Andrés Ritter.
El jurista aseguró que se están vulnerando todos los plazos, la presunción de inocencia y el derecho a una justicia “pronta y oportuna”. Por ello, analizan presentar acciones constitucionales.
“La persona aprehendida debe ser puesta a disposición del juez en el plazo de 24 horas. En el caso concreto ya van tres días. Están entrando a una detención ilegal. (…) No es posible que la juez, a criterio de ella y de informes de inteligencia, diga que no hay las garantías”, agregó.
Por su parte, otro de los abogados calificó el informe de inteligencia de “malicioso, tendencioso y falsario”. Detalló que el mismo habla de presuntas amenazas por parte de familiares de incendiar las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y agredir a las autoridades
El viernes, grupos del Movimiento Al Socialismo (MAS) atacaron a ciudadanos que cumplían el paro cívico indefinido por censo 2023 y también arremetieron contra las oficinas de Cainco (Cámara de Industrias y Comercio). Tras los actos de violencia hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y luego la sede de los campesinos fue quemada y hubo robos en la Central Obrera Departamental (COD) en Santa Cruz.
Un total de 15 personas fueron detenidas el viernes y el sábado otras dos. Las 17 personas son acusadas de robo agravado, asociación delictuosa, entre otros, pero aún no fueron imputados. Familiares y abogados denunciaron torturas y siembra de pruebas.
Se conoció que del grupo, 10 serán investigados por la quema de la sede campesina y siete por el robo a las oficinas de la COD. No obstante cívicos denunciaron que la quema de la sede de los campesinos “fue un autoatentado”.
Página Siete