El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, alertó un “alto riesgo” de politización de la nueva delimitación de circunscripciones uninominales, como efecto del Censo de Población y Vivienda de 2024.
“Yo veo como alto riesgo que este trabajo (de delimitación de las circunscripciones uninominales), que es eminentemente técnico, pueda ser politizado, sectorizado o regionalizado con alguna demanda de un municipio o una región”, indicó Vargas en contacto con la agencia estatal de noticias ABI.
Autoridades nacionales y departamentales participan del taller nacional de coordinación y planificación del área de geografía y logística electoral del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que concluirá hoy en Cochabamba.
Una vez realizado el censo el 23 de marzo de 2024, el Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene hasta septiembre de ese año para remitir los datos oficiales de población al Tribunal Supremo Electoral “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafo V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la legislación electoral vigente”.
La asignación de escaños solo abarca a la Cámara de Diputados, que está integrada por 130 legisladores: 63 diputados uninominales, elegidos por simple mayoría de sufragios válidos; 60 diputados plurinominales y elegidos de las listas encabezadas por las candidaturas para presidenta o presidente del Estado, mediante el sistema proporcional.
A ellos se suman los siete legisladores de las circunscripciones especiales indígena originario campesino, que corresponden a cada departamento donde habitan naciones y poblaciones minoritarias, que representan a la plurinacionalidad del Estado.
El parágrafo V del artículo 146 de la Constitución establece que la “distribución del total de escaños entre los departamentos se determinará por el Órgano Electoral en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional, de acuerdo a la ley”.
“Por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo a los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”, apunta la norma.
Este trabajo estará a cargo de la Unidad Nacional de Geografía Electoral del TSE y se la ejecutará en dos etapas, adelantó Vargas. La primera tarea será la asignación de los escaños y la segunda la delimitación de las circunscripciones uninominales.
“Si tenemos todo debidamente organizado, una vez que el INE proporcione los datos va a ser más fácil el trabajo, porque el INE también tiene que emitir los datos georreferenciados por manzanos y por municipios, y sobre eso se tendrá que hacer esta segunda parte que tiene que ver con la delimitación de las circunscripciones que deberá responder a criterios constitucionales, pero tomando en cuenta la proporcionalidad y equidad de la representación política”, explicó, de acuerdo a ABI.
El Deber
