El destituido expresidente de Perú Pedro Castillo fue detenido la tarde de ayer en la Prefectura de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente señalado de haber intentado dar un golpe de Estado. Fue una jornada crítica.
Tras el anuncio de disolver el Congreso, a través de un mensaje, Castillo salió ayer del Palacio de Gobierno de Lima, acompañado de sus familiares y sin ofrecer declaraciones a los medios, con rumbo en ese entonces desconocido; sin embargo, fue interceptado por las fuerzas de seguridad y conducido a predios de la Prefectura de Lima.
Poco antes, el ahora exmandatario determinó disolver temporalmente el Congreso e instaurar un Gobierno de emergencia nacional, a horas de que el Parlamento debatiera una moción de vacancia (destitución) en su contra que podría haberlo apartado de la jefatura del Estado.
“Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional”, dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.
Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta “convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses”.
También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de ayer desde las 22:00. “Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)”.
Castillo añadió que “todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas” y que “quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley”. También dictó que la Policía Nacional, “con auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios”.
Finalmente, hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de autodefensa fortalecidos durante el conflicto armado interno) “y todos los sectores sociales” a que salgan a defender estas medidas.
Señaló que comunicaría esta decisión a la Organización de Estados Americanos (OEA).
Destituido por “permanente incapacidad moral”
El Congreso de Perú destituyó al entonces mandatario del país vecino por “permanente incapacidad moral”, después de que éste anunciara la disolución del Legislativo y declarara un Gobierno de excepción de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la Vicepresidenta.
La votación de la vacancia (destitución) de Castillo por “permanente incapacidad moral” recibió 101 votos a favor, del total de 130 congresistas, así como 6 en contra y 10 abstenciones.
“Declárese la permanente incapacidad moral del presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 117 de la Carta Política”, señala la resolución aprobada en el Congreso.
Tras la votación, congresistas celebraron los resultados con banderas, abrazos, lágrimas y gritos de júbilo.
Apoyaron al ya expresidente tres congresistas de Perú Libre, el partido marxista que llevó a Castillo al poder; uno del Bloque Magisterial, uno de Perú Democrático y otro de Perú Bicentenario, todos de tendencia izquierdista.
Luego de conocerse la destitución, ciudadanos limeños celebraron con bocinazos y pitidos la noticia de la destitución del presidente y a lo largo de la Vía Expresa, la autopista principal de la capital, conductores tocaron sus bocinas para celebrar.
En la Prefectura, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y el fiscal adjunto supremo Marco Huamán encabezaban la diligencia para seguir el proceso contra el expresidente peruano.
Página Siete
