El Ministerio Público de Perú presentó ayer un oficio mediante el cual se informa que se imputó al expresidente Pedro Castillo y a los ministros Betssy Betzabé Chino, la anterior presidenta del gabinete, y Willy Arturo Huertas, exministro del Interior, como coautores del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional.
Los tres fueron acusados después de que el miércoles en la mañana Castillo anunciara la disolución del Congreso peruano, gobernar mediante decretos ley y aplicar un toque de queda. Inmediatamente, los ministros rechazaron el mensaje y renunciaron, mientras que el Congreso votó por su destitución.
En el mismo comunicado se informa que el exmandatario se encuentra en “detención judicial” por flagrancia, tras ser capturado el miércoles en la tarde, cuando intentaba ir a la Embajada de México para asilarse.
El oficio fue enviado por la fiscal nacional Patricia Benavides Vargas al presidente del Congreso peruano José Daniel Williams Zapata. Según explica en el documento, eso se hizo para “garantizar los derechos fundamentales y el debido proceso penal” de los acusados. Asimismo, garantizó que se están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.
Mientras tanto, AFP informó que las protestas contra el nuevo gobierno de Perú crecían ayer en el interior del país, con manifestaciones y la convocatoria a un paro nacional contra la flamante presidenta Dina Boluarte, exigiendo su renuncia y la convocatoria a nuevas elecciones.
Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día. Son en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido el miércoles 7 por el Congreso.
Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales. En Andahuaylas, donde dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos, se reanudaron los enfrentamientos entre manifestantes y policías. Unos atacaban con hondas y piedras, mientras que las fuerzas del orden repelían con gases.
Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” el martes. Se suman a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.
El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo. De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.
En Lima el partido izquierdista Perú Libre convocó la tarde del domingo a una movilización desde la histórica Plaza San Martín, epicentro de las manifestaciones políticas en Perú. Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
El Congreso, dominado por la derecha, anunció que sesionará la tarde del domingo para analizar la situación.
El sábado Boluarte formó gobierno el sábado con un perfil independiente y técnico y con el exfiscal Pedro Angulo.
AFP-Página Siete
