Boluarte propone adelantar elecciones a abril de 2024 y declara Estado de emergencia en zonas de protestas

La presidenta de Perú, Dina Boluarte anunció este lunes que presentará un proyecto de ley al parlamento para adelantar las elecciones para abril de 2024 tras manifestaciones de pobladores en varias ciudades del país que dejaron dos muertos.

“Interpretando la voluntad de la ciudadanía (…) he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales para el mes de abril del 2024”, dijo Boluarte en un mensaje a nación difundido por televisión en los primeros minutos del lunes.

La propuesta implica recortar en dos años su mandato y busca aplacar la indignación de la población que exige elecciones presidenciales y legislativas conjuntas de inmediato.

Boluarte, quien asumió el mando el miércoles tras un fallido golpe de estado del entonces presidente Pedro Castillo, anunció que declaraba el Estado de emergencia en las zonas del país donde se registran protestas violentas.

“Con el mismo sentido patriótico, anuncio la declaratoria del estado de emergencia en las zonas de alta conflictividad social para recuperar pacíficamente el control del orden interno”, indicó.

La flamante presidenta lamentó la muerte de dos manifestantes en Andahuaylas durante la represión policial.

Protestas en aumento

Las movilizaciones tomaron amplitud en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso y pidiendo además la liberación del expresidente izquierdista Pedro Castillo, destituido por el Congreso y detenido por mandato judicial por siete días desde el miércoles 7.

En la ciudad sur andina de Andahuaylas, el ministerio de Interior reportó dos personas fallecidas y cinco heridos, entre ellos un policía, tras violentos enfrentamientos en el intento de los manifestantes de tomar por asalto el aeropuerto de la ciudad.

A dicha terminal aérea iban a llegar refuerzos de la policía antimotines para contener a los miles de manifestantes en Andahuaylas, en la región Apurímac, cuna de Boluarte.

El local de la comisaría de Huancabamba, una localidad en Apurímac, fue incendiado reportó la radio RPP. En la misma ciudad el sábado las protestas dejaron el sábado 16 civiles y cuatro policías heridos.

Miles de personas se movilizaron por calles de Cajamarca, Arequipa, Tacna, Andahuaylas, Huancayo, Cusco y Puno, según imágenes difundidas por las televisoras locales.

“Paro indefinido”

Mientras tanto, gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un “paro indefinido” a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva Constitución, según un comunicado del Frente Agrario y Rural del Perú.

El colectivo, que agrupa a una docena de organizaciones, reclama además la “inmediata libertad” de Castillo.

De acuerdo al Frente Agrario, Castillo “no perpetró ningún golpe de Estado” cuando el miércoles anunció el cierre del Congreso, la intervención de los poderes públicos y que gobernaría por decreto, lo que llevó a su destitución por el parlamento y a la asunción de la jefatura del Estado por la vicepresidenta Boluarte.

En Lima, la policía dispersó la tarde del domingo con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron al frontis del Congreso gritando lemas como “Castillo no estás solo, el pueblo te respalda”, o enseñando pancartas como “Dina y Congreso la misma porquería” ó “Ratas corruptos”.

Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.

El Congreso, dominado por la derecha, suspendió una sesión la tarde del domingo donde analizaba la situación tras una trifulca entre dos congresista.

Congreso levanta el fuero especial a Castillo

Una vez retomada la sesión, el Congreso aprobó en la madrugada de este lunes una resolución que autoriza a levantar un fuero especial a Castillo que evitará que tenga que pasar por un antejuicio político -un proceso en el que se levanta la inmunidad de los funcionarios-, lo que abre el camino para que la Fiscalía amplíe la detención preventiva por rebelión.

La resolución, aprobada por 67 votos a favor y 45 en contra, propuso levantar la prerrogativa de antejuicio político a Castillo y dar lugar a una causa penal, en vista a que el destituido exmandatario tiene vigente una detención preventiva por flagrancia por siete días, que vence este miércoles.

En un pleno extraordinario muy bronco, en el que incluso un parlamentario defensor de Castillo agredió a un detractor del exmandatario, el Legislativo puso a debate el oficio del Ministerio Público en el que informaba sobre las diligencias preliminares contra Castillo, la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta.

La congresista Adriana Tudela, del partido derechista Avanza País, pidió al pleno autorizar a la mesa directiva para proponer un proyecto de ley que autorice el levantamiento del fuero a Castillo, dado que, en su opinión, “amenazó con la destrucción del Estado de derecho” al plantear un autogolpe de Estado.

La medida legislativa se aprobó en momentos que la defensa del exmandatario ha presentado varios recursos de amparo contra la detención de Castillo, en tanto que el gobierno de México ha informado que ha recibido una solicitud de asilo por parte del exgobernante.

EFE

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